Guillermo Pimentel Balderas
Dolió al PRD en la ALDF las declaraciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Arquidiócesis de México para desincentivar el voto para candidatos que dejan otro cargo (“Chapulines”) y los invitó a un debate público para hablar sobre elecciones democráticas.
Inclusive, señaló que la opinión de la jerarquía católica abre un debate para revisar las leyes que rigen a la iglesia, y a los empresarios sobre su situación privilegiada.
“El voto ciudadano no está sujeto a manipulaciones de la jerarquía católica ni de los empresarios más favorecidos del país. Durante las próximas elecciones se deberá privilegiar la legalidad y el sentir de los habitantes de esta ciudad”, sentenció el diputado local del PRD, Manuel Alejandro Robles Gómez.
Explicó que ante la campaña que han emprendido la COPARMEX y la Arquidiócesis de México -a través de su publicación Desde la fe-, para desincentivar el voto para candidatos que dejan otro cargo, el integrante de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa comentó que son irresponsables, y provienen de las organizaciones que no están acostumbradas a prácticas democráticas.
“De pronto hay quienes se sienten poderosas y abusan de la benevolencia de las personas; y están tan fuera del control democrático que pierden el contacto con la realidad. Sus agrupaciones son las menos democráticas del país”, resaltó.
Inclusive, aseveró que así lo demuestran los escándalos que ha habido al interior de la iglesia, solo por mencionar un caso, o la manera que la jerarquía católica es elegida por unos pocos. Un pequeño grupo que siente tener en sus manos el poder pretende dejar lo público en manos de unos pocos, y lejos de los ciudadanos, pero eso no lo vemos a permitir en una ciudad donde la democracia se ha ido construyendo con bases ciudadanas.
“Por ello –dijo- les invito a un debate público en el espacio y el momento que gusten. También pueden presentarse a competir en elección, y si son electos podemos seguir debatiendo”.
Refirió que los ataques a la cosa pública y a las instituciones construidas democráticamente son un delito en muchos países, pero no en México, de manera que están en su derecho de expresión, aunque ello generaría otro debate.
“Qué bueno que la jerarquía católica opine sobre la ley civil, porque eso abre la posibilidad de que la sociedad someta a debate las leyes que los rigen, y cómo se relacionan con las leyes establecidas”, advirtió.