El senador Pablo Escudero Morales presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe sobre transferencia de dominio de calles y avenidas a empresas privadas, ya que formaban parte del patrimonio de la ciudad de México.
Dijo que el Ejecutivo local debe informar sobre la desincorporación de estos bienes de dominio público, que ha realizado los últimos 7 años, así como el beneficio que traería para los ciudadanos, hacerlo a título gratuito u oneroso a favor de empresas y hoteles.
Además deberá argumentar las condiciones y criterios que sustentaron la venta; los montos recaudados, su destino y detallar los traspasos de dominio a título gratuito.
En ese sentido, recordó que en diciembre de 2010 se publicó en la Gaceta del Distrito Federal un decreto por el que se desincorporaba una fracción de la Avenida Juárez, entre calles Flores y Parroquia, en la Colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, a favor del Hotel Royal Plaza, actualmente "Holiday Inn", a título oneroso.
Posteriormente en abril de 2011, el GDF realizó una venta de 434.5 metros cuadrados de esta avenida, por cuatro millones de pesos, acto que consta en las escrituras públicas 59483 de la Notaría 227. Además de otros casos que se describen en el documento presentado en el Senado de la República.
Explicó que la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público establece que ese tipo de bienes son inalienables, imprescriptibles e inembargables, hasta que el GDF los desincorpore por acuerdo avalado por el Comité del Patrimonio, a fundamento de que han dejado de ser útiles para fines de servicios públicos o están en desuso.
Sin embargo, la ley no determina los criterios para definir cuándo pueden enajenarse a título oneroso o gratuito, como tampoco las condiciones para que un inmueble pueda ser desincorporado del patrimonio, o las razones para declarar un bien como no útil para fines de servicios públicos o en desuso.
El integrante de la Comisión del Distrito Federal, resaltó que al tratarse de un bien de uso común, el GDF debe tomar en cuenta el parecer de los ciudadanos a quienes atañe la venta o transferencia de una vía pública e informar el beneficio social, pues se ha recaudado grandes cantidades de dinero por esta práctica.