Por Guillermo Pimentel Balderas
José Narro Céspedes, presidente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, exigió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, reunirse con comuneros de Milpa Alta y poner un freno total a la tala clandestina de árboles, pues consideró que las acciones tomadas hasta el momento “son insuficientes”.
Además demandó a la titular de la Secretaria de Medio Ambiente de la capital, Tania Muller, eliminar los más de 42 aserraderos clandestinos aún existentes.
Subrayó que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal debe regular la tala de árboles y hacer la declaratoria de la zona rural de la capital como zona forestal protegida.
El líder agrario consideró que la localización y cierre de 18 aserraderos clandestinos en dicha demarcación es insuficiente, además de que se pronunció por un Programa Integral de Recuperación Ambiental en las siete delegaciones rurales que tiene la capital del país, por ser las proveedoras de agua y oxígeno para esta gran urbe.
Acompañado de comuneros de Milpa Alta, el dirigente campesino sostuvo que además de bloquear los aserraderos clandestinos es urgente detener los permisos clonados para la tala en la región por parte de autoridades y firmas apócrifas.
José Narro sostuvo que de los 50 mil árboles muertos, se han retirado de la zona el 80 por ciento y el 20 por ciento restante está ubicado en puntos de difícil acceso a donde pretenden llegar taladores clandestinos matando árboles verdes vivos.
Dijo que son 3 mil 500 hectáreas con árboles muertos involucrados en dicho fenómeno de 2010, pero ahora en 2013 se han robado 50 mil árboles más vivos los talamontes haciéndolos pasar por madera muerta.
Lo anterior demuestra que “la madera explotada es de manera irregular vía permisos clonados con autoridades no reconocidas”. Por ello, insistió en que se requiere de un Programa Forestal en Milpa Alta para lograr la resiembra e impulsar el programa de empleo temporal en la zona.
“Ante lo que son delitos federales, también debe intervenir la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como la Profepa, a fin de desmantelar los aserraderos y fincar responsabilidades”, demandó.