Guillermo Pimentel Balderas
La diputación permanente de la ALDF exhorto al gobierno de Marcelo Ebrard a atender denuncias de violación de garantías individuales de mujeres indígenas, así como sancionar a los servidores públicos que incurrieron en prácticas discriminatorias.
La diputada Beatriz Rojas Martínez resaltó que derivado de la testificación de cuatro mujeres, ellas refieren que fueron expuestas a tortura y recibieron amenazas de muerte, intimidaciones a sus familias y prisión o ejecución simulada.
Indicó que debe investigarse a los secretarios de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, ambas del Distrito Federal, y exigió que se atiendan estas irregularidades.
Rojas Martínez dijo que también se incluye a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; la de Seguridad Pública; la Procuraduría General de Justicia, Conserjería Jurídica y de Servicios Legales y la Secretaría de Salud, para que desarrollen un programa integral emergente con perspectiva de genero, para prevenir y erradicar las conductas discriminatorias a las mujeres indígenas por parte de servidores públicos de la administración pública local.
El punto de acuerdo, explicó, señala que los derechos más violentados por las autoridades referidas, de acuerdo con un informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, está la desaparición forzada y derivado de ello, la omisión de la autoridad de no brindar información sobre el paradero de una persona o familiar; la negativa u obstaculización de brindar la adecuada y precisa asesoría como víctima del delito o la restricción a ser informada del procedimiento penal, así como el nulo respeto y trato de igualdad ante la ley.