Diputados del PRD en la ALDF, conjuntamente con la secretaria de Desarrollo Económico del DF, Laura Velásquez, se reunieron este martes con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, para iniciar la defensa de la Norma 29, ante la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República (PGR).
En conferencia de prensa, la secretaria de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Aleida Alavez Ruiz, acompañada del diputado Guillermo Orozco, adelantó que plantearán al ministro presidente la función social de la norma impugnada por la PGR.
Agregó que en las próximas semanas acudirán con la titular de la dependencia, Marisela Morales Ibañez, para manifestarle sus argumentos y solicitarle el desistimiento de la acción de inconstitucionalidad que se tramita en la ponencia del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.
“Tenemos toda una explicación y justificación al respecto; no estamos trasgrediendo la igualdad que marca el Artículo Primero, al contrario precisamente de los argumentos que se exponen en el texto de inconstitucionalidad hay una jurisprudencia que habla de cómo y cuándo hay desigualdad se tiene que atender, con normas, con leyes, que emanen de los propios órganos legislativos, eso es lo que estamos haciendo con la norma 29”, señaló.
Por el contrario, precisó, se le da un trato de desiguales a los locatarios, ante la competencia económica desleal que representan los grandes emporios de las tiendas de conveniencia o autoservicio.
En este sentido, subrayó que la ALDF tiene las facultades para establecer el ordenamiento territorial que permita la subsistencia de los locatarios y pequeños comerciantes.
Tras informar que además de ella y el diputado Orozco, también acudirán los diputados José Luis Muñoz Soria y Guillermo Sánchez Torres, la legisladora dijo que establecerán una ruta de trabajo con mesas y talleres donde participarán especialistas en urbanismo y en temas de constitucionalidad para llevarlos en los momentos de definición en la Suprema Corte.
Previó que la acción de inconstitucionalidad lleve muchos meses, derivado de la enorme carga de trabajo de la Suprema Corte; sin embargo, dijo, estaremos al pendiente para que mediante una campaña permanente informemos a los locatarios de los mercados públicos y público en general de los avances del proceso.
Comentó que en la acción de inconstitucionalidad promovida por la PGR en el pasado mes de junio contra la norma número 29 aprobada por la ALDF y publicada por el Gobierno de la ciudad, se esgrime los mismos argumentos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (UNTAD), es decir, que se atenta contra los principios de igualdad y de libre competencia establecidos en los artículos 1º y 28 de la Constitución General.
Lamentó el uso de las instituciones para apuntalar intereses de las grandes empresas en menoscabo de la población del Distrito Federal, particularmente de más de 70 mil familias que viven de la venta al menudeo en los mercados públicos.
Sostuvo que sorprende que, previo a la aprobación de la norma 29, en un tiempo record de 3 días la Comisión Federal de Competencia que preside Eduardo Pérez Mota, emitió una opinión con los mismos argumentos de igualdad y libre competencia, desestimando en todo momento la obligación del Estado para regular la actividad económica con la finalidad de fomentar y proteger los empleos, principio establecido en el artículo 25 Constitucional.