La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, presentó las Recomendaciones 10 y 11 de este año, dirigidas a diversas autoridades de la Ciudad de México por ocho casos de violaciones a derechos fundamentales.
Explicó que la Recomendación 10/2014 fue dirigida a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, como autoridad responsable, y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), como autoridad colaboradora.
El instrumento recomendatorio, dijo, refiere dos casos en donde se acreditaron violaciones al derecho al debido proceso y garantías judiciales, en particular al derecho a una defensa adecuada, en agravio de los señores Nino Colman Hoyos Henao, y de quien en vida llevara el nombre de Jaime Geovanni Arcos Zamora, con motivo de la asistencia legal deficiente que les fue proporcionada por personal de la entonces Dirección de la Defensoría de Oficio y Orientación Jurídica del Distrito Federal, actualmente Defensoría Pública del Distrito Federal.
Respecto a la Recomendación 11/2014, la Doctora Gómez Gallardo indicó que fue dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), como autoridad responsable, y al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y la ALDF, en calidad de autoridades colaboradoras.
Señaló que entre el 19 de junio de 2013 y 3 de agosto de 2014, la CDHDF realizó la investigación de seis casos en los que constan hechos y agresiones a personas que documentan (a través de grabaciones) a servidores públicos de la SSPDF, los cuales se acumularon con el objeto de seguir una misma línea de investigación, teniendo como común denominador, la agresión que reciben diversas personas cuando ejercen su derecho a documentar.
Por tal motivo, enfatizó, este Organismo determinó la violación a los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información, en conexidad con el principio de legalidad; al derecho a la libertad y seguridad personales; y al derecho a la integridad personal, en particular a no ser sometido a actos de tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, o uso desproporcionado de la fuerza, en agravio de 8 personas en los casos antes señalados.