Guillermo Pimentel Balderas
Tras criticar fuertemente al jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera por no hacer un pronunciamiento sobre el caso de Carmen Aristegui, los legisladores local y federal del Partido del Trabajo (PT) Rodolfo Ondarza y Manuel Huerta, respectivamente, aseguraron que con la salida de la periodista de MVS, se violenta el derecho de las audiencias así como la libertad de expresión.
En conferencia de prensa, los diputados solicitaron a Mancera, abra espacio a Aristegui, en la televisora de la Ciudad, conocida como Capital 21, ya que con el sólo hecho de afectar el derecho de audiencia de los mexicanos, existen elementos para la pronta intervención del gobierno federal, pero éste se mantiene en su cinismo habitual, perpetuando la grave carga de impunidad por tantos delitos, corrupción y violencia que prevalecen en nuestro país.
Ello – agregaron- a pesar de que, de una manera relampagueante, se recolectaron en unos cuantos días más de 170 mil firmas demandando la reinstalación inmediata de la periodista.
Manuel Huerta señaló que en la Ciudad de México habitan hombres y mujeres libres que merecen el respeto de sus derechos; por ello, a través de la ALDF se buscará tener un diálogo con el Jefe de Gobierno, a quien le harán llegar un documento para que atienda esta solicitud, en el entendido de que como gobernante debe ser sensible a las demandas de los ciudadanos, de contar con un espacio de comunicación objetivo y veraz, en el cual informarse día a día.
Asimismo, el Diputado Ondarza señaló que han pasado ya varias semanas del despido de la periodista Carmen Aristegui Flores por parte de la empresa MVS y no existe señal alguna de que se pueda reparar en un plazo breve este brutal atentado a la libertad de expresión.
Por ello, señaló su rechazo a la versión del gobierno federal que maneja este asunto como un problema entre particulares, pues según opiniones especializadas como la del abogado Juan Romero: “No es un asunto entre particulares. La empresa MVS explota una concesión de un bien público conforme al artículo 27 de la Constitución Mexicana, el Estado Mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos humanos (artículo 1o. de la Constitución) de libertad de prensa (artículo 7 de la Constitución), derecho a la información (artículo 6 de la Constitución) y el derecho de las audiencias (artículo 6 de la Constitución y 216 y 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones)”.
Por lo anterior, se enfatizó que estamos una vez más, contra un abierto atentado a la libertad de expresión y un ataque más a los periodistas de nuestra nación, los más brutalmente reprimidos según estadísticas internacionales. De conformidad con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 2010 a enero de 2015, al menos 97 periodistas fueron asesinados y 22 han desaparecido en los últimos diez años.
Con base en el análisis de estos, ellos Diputado Ondarza y Huerta coincidieron en que de estos actos se desprende que son violados los derechos humanos de la periodista, así como su contrato de trabajo y los derechos de los mexicanos como audiencia.
Por tanto, se sumaron a la demanda nacional hacia el gobierno federal para que en apego a nuestro marco constitucional, haga valer nuestros derechos como audiencia, así como su intervención para que la empresa respete el contrato de trabajo con la periodista y se le reinstale de manera inmediata.
No podemos permitir más impunidad, es necesario restablecer el Estado de Derecho en nuestro país; la gente no puede aguantar más, denunciaron.
Por parte de la sociedad civil, estuvo presente María Fernanda Tussie, quien señaló que ante los hechos acontecidos en torno al despido la periodista, se ha creado un frente en su defensa, así como una página de Facebook denominada “Frente Común en Defensa de Carmen Aristegui”, creando así un medio alternativo de difusión de las noticias que genera el caso.