La Ley General sobre Desaparición Forzada debe ser acorde con los estándares internacionales, las mejores prácticas en leyes nacionales y atender las recomendaciones que han sido dirigidas al Estado mexicano por parte de organismos internacionales, pero sobre todo las víctimas tienen que ser escuchadas previamente, porque ese es un insumo fundamental.
Así lo planteó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Doctora Perla Gómez Gallardo, al participar en el Ciclo de Conferencias que en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (que se conmemora cada 30 de agosto), organizó la Procuraduría General de la República (PGR), a través del Instituto Nacional De Ciencias Penales (INACIPE).
En la propia sede del INACIPE, la Doctora Gómez Gallardo dijo que la CDHDF entregó a las cámaras de Senadores y Diputados así como a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, una propuesta con 15 puntos de estándares mínimos que deben ser contemplados para que la proyectada Ley sea adecuada y útil, y se instrumente de manera eficaz.
Se trata, planteó, de que la ley tenga un efecto útil que permita prevenir, investigar, sancionar y reparar esta grave violación a los derechos humanos
Precisó que entre las propuestas que la Comisión hizo llegar al Congreso y al gobierno federal está que la ley contemple la adecuada tipificación del delito, de la desaparición cometidas por particulares; los protocolos de búsqueda inmediata de personas y de investigación del delito, así como la estandarización de bases de datos para la búsqueda de personas, los bancos de datos forenses, los mecanismos de coordinación estatal y federal, y los de prevención.
La Ombudsperson capitalina recordó que el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas se da por la lucha de las y los familiares, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, y de gran parte de la sociedad civil por encontrar a las personas que han sido víctimas de desaparición forzada o involuntaria.
Reconoció que México ha ratificado la totalidad de los instrumentos fundamentales de los derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas y casi todos sus protocolos, pero su implementación se ha quedado corta en los tres niveles de gobierno.
Añadió que la desaparición forzada es un fenómeno que no solo se ha materializado en diversos momentos de la historia de México, como en la denominada “guerra sucia” durante los años 60 y 70, sino que continúa siendo práctica de algunos agentes del Estado en sus diferentes niveles de competencia y de gobierno.
En la parte final de su intervención, la presidenta de la CDHDF dijo que el debate que llevará a cabo el Congreso de la Unión debe ser abierto, plural e incluyente y refrendó que este organismo autónomo capitalino seguirá aportando de manera respetuosa e institucional, los insumos que considere necesarios.