Guillermo Pimentel B.
Debido a que actualmente el Código Penal para el Distrito Federal es prácticamente obsoleto contra funcionarios y servidores públicos corruptos, urgen reformas para incrementar sanciones.
La corrupción es un inhibidor de la eficiencia del gobierno en la provisión de bienes públicos, por lo que es necesario establecer un marco jurídico que garantice el pulcro desempeño de los servidores públicos.
Así lo afirmó el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Israel Betanzos Cortes, quien expuso que siempre que concluye una administración, en los tres niveles de gobierno, algunos funcionarios públicos utilizan recursos del erario para fortalecer campañas políticas o sus propias finanzas, por lo que, al ser mínimas las sanciones previstas en el Código Penal, continúan las faltas a la ética en el servicio público.
El diputado priísta precisó que la debilidad o la ausencia de leyes, normas y prácticas administrativas, son factores principales de la incapacidad que existe para detectar y prevenir actos de corrupción.
Por tal motivo presentó reformas al Código Penal para el Distrito Federal sobre delitos contra el servicio público que tienen el propósito de inhibir el cohecho, tráfico de influencias, usurpación de funciones, concusión, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y el peculado, para contar con servidores públicos honestos y responsables.
La iniciativa establece que en el caso de inhabilitación de un servidor público también se le imposibilite su derecho a ser electo a un cargo de representación popular, porque en repetidas ocasiones funcionarios inhabilitados por la Contraloría para el desempeño del servicio público, por desvíos de fondos del erario o por la práctica de delitos, son premiados con esos espacios por las instituciones políticas en la que participan.