Guillermo Pimentel B.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la ALDF, pidió a la Secretaria de Gobernación (Segob) federal actualice y verifique la cifra de empresas privadas de seguridad que operan en el Distrito Federal y en el resto del país, así como a la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) un informe sobre el nivel de cumplimiento de las recomendaciones que giró en torno a las 70 quejas recibidas del 2011 al 2014, respecto de la situación que enfrentan las niñas y los niños – “invisibles”- que viven con sus madres –en calidad de reclusas- en el penal de Santa Martha Acatitla.
En el primer punto, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Asamblea, Armando López Campa, anunció que presentará un punto de acuerdo ante el pleno del órgano legislativo local a efecto de solicitar a la Segob, que actualice y verifique la cifra de empresas privadas de seguridad que operan en el Distrito Federal y en el resto del país.
Al respecto, indicó que en un análisis sobre la Regulación de los Servicios de Seguridad, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió en su momento la falta de estadísticas confiables sobre este tema y el riesgo que ello implicaría en el control de personas que portan armas de manera regulada en el ámbito estatal y nacional.
Reveló que la ASF encontró que las 64 mil 235 personas que integran el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, contaron con mil 492 vehículos, así como mil 858 armas cortas y 2 mil 93 armas largas.
López Campa mencionó que en las observaciones de la Cuenta Pública 2013, la ASF detectó que no existe una estadística confiable para conocer cuántos elementos de seguridad privada laboran en el país, por lo que instó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a mejorar y verificar la confiabilidad de las cifras.
Dijo que resultado de la revisión al programa "Evaluación de la Política Pública de Seguridad Pública" de la Segob, se encontró que derivado del incremento de la inseguridad y los índices de percepción ciudadana entre 2007 y 2013, el número de personal de las empresas de seguridad privada se incrementó 7%.
En este sentido, mencionó que el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) refiere que pasó de 79 mil 826 elementos en 2010 a 85 mil 439 en 2013.
No obstante, la misma Auditoría encontró que en el Segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se registraron 128 mil 881 elementos de empresas de seguridad privada, en tanto que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó para 2013 un total de 64 mil 235 personas operativas con autorización federal.
El legislador ciudadano hizo hincapié en que la diferencia de cifras del personal de seguridad privada, advierte la necesidad de mejorar y verificar la confiabilidad de las estadísticas.
Afirmó que los resultados obtenidos por la ASF establecen que el aumento en el número de elementos de seguridad se debe a la poca o nula prevención de los delitos, ineficiencias en la investigación y persecución de los ilícitos, la ineficacia del sistema de justicia penal, la ausencia de mecanismos eficaces de reinserción social y la escasa coordinación entre los tres órdenes de Gobierno.
La misma evaluación aseguró que la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación autorizó que 914 empresas de seguridad privada apoyaran los servicios de seguridad pública; sin embargo, no dispuso de indicadores que permitan evaluar el impacto de dichos servicios en la prevención de la comisión de delitos.
Acudirán diputados a penal de Santa Martha para verificar condiciones de “niños invisibles”
En otra información, MC, en voz de la diputada Nury Delia Ruiz Ovando, informó que un grupo de diputados visitará próximamente el penal de Santa Martha Acatitla, con la finalidad de verificar las condiciones en que viven los llamados “niños invisibles”.
La también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), indicó que se dará puntual seguimiento al punto de acuerdo que aprobó por unanimidad el Pleno del órgano legislativo local, para que la Subsecretaria del Sistema Penitenciario del DF diseñe y aplique un programa de desarrollo integral dirigido a los niños que viven con sus madres en centro de reclusión, a efecto de mejorar sus condiciones de vida y donde prevalezca el principio del interés superior de los menores.
Al respecto, aclaró que el principio del interés superior del niño no es otra cosa que el conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar a los pequeños un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible.
Asimismo, adelantó que pedirá a la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) un informe sobre el nivel de cumplimiento de las recomendaciones que giró en torno a las 70 quejas recibidas del 2011 al 2014, respecto de la situación que enfrentan las niñas y los niños que viven con sus madres en el penal de Santa Martha Acatitla.
La legisladora ciudadana recordó que entre las principales quejas figuraron los malos tratos hacia los menores de parte de personal penitenciario y de otras mujeres internas; además la CDHDF observó que los niños conviven con presas que consumen drogas y generan un ambiente violento.
Reveló que existe un alto porcentaje de quejas por negligencia en cuanto a la atención médica, mientras que en relación a las sanciones disciplinarias, destaca la suspensión de la visita familiar y el aislamiento, casos en los que no se valora el interés superior de los hijos de las reclusas.
Tras considerar que la vida al interior de los centros de reclusión es ya de por sí difícil, urgió a tomar las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de los niños que viven en prisión con sus madres, y cuyo único delito fue haber nacido en el interior del centro penitenciario.
Hizo notar que el Sistema Penitenciario del DF cuenta solamente con el Centro de Desarrollo Infantil ubicado en Santa Martha Acatitla, cuya función principal debiera ser fomentar el desarrollo de los niños que viven ahí con sus madres.
Indicó que en ese Centro de Desarrollo Infantil se tienen registrados 107 menores, a quienes la Ley de Centros de Reclusión para el DF, al igual que a sus madres, contempla garantizar los espacios adecuados y separados de la población general, brindándoles todas las facilidades médicas pediátricas, de alimentación y de desarrollo, situación que en términos reales no acontece.