Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ALDF, se reparten 38 millones de pesos producto del fraude del Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal, FIJOV, creado en el 2011 por Alejandra Barrales Magdaleno.
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La Comisión de Gobierno, de la cual es presidente Manuel Granados Covarrubias, dispuso que los 38 millones de pesos sobrantes del millonario fraude del FIJOV, se repartan de manera equitativa entre los diputados de la ALDF bajo el concepto de “trabajo legislativo”. El fraude en el Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal, consistió en que de los supuestos 24 mil beneficiarios, 7 mil no aparecen en el padrón actualizado, además de que el fideicomiso no contaba con Reglas de Operación para su implementación como lo marca la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, de tal manera que no existe forma de comprobar la entrega de los recursos económicos a los jóvenes estudiantes en el 2011, 2012 y a su cierre en 2013. |
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Los diputados de la ALDF reciben su parte proporcional desde el inicio del 2014, a pesar de que en su momento Federico Döring se refirió a la demanda que consta en el Procuraduría General de la República, PGR, y que da cuentas del fraude en el fideicomiso.
La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, en lo referente a la instrumentación de programas sociales, señalan los lineamientos y la exigencia de Regalas de Operación del Programa, además, también contempla las sanciones cuando existe quebranto al dinero público que van desde la inhabilitación de los funcionarios públicos involucrados mediante la revisión de la Contraloría General del Distrito Federal.
De tal manera que, la Comisión de Gobierno de la ALDF está incurriendo en una falta administrativa al infringir la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y lo dispuesto en la Contraloría General del Distrito Federal en relación a la instrumentación de programas sociales y del cierre de la cuenta pública 2013, a lo anterior se suma la denuncia interpuesta en la PGR y la indebida repartición de 38 millones de pesos entre los asambleístas que fueron producto de un fraude.