La Consejería Jurídica del gobierno de la Ciudad de México se debe poner a trabajar en la elaboración de un programa especializado de Defensoría Pública, pero enfocado a evitar que más personas permanezcan en reclusión debido a su condición de vulnerabilidad.
Así lo exigen asambleístas perredistas que enviaron al diputado local Iván Texta Solís a exhortar también a las secretarías de Seguridad Pública y de Desarrollo Social, así como a la Procuraduría capitalina, a que desarrollen un programa que permita asegurar la suficiencia alimentaria de los reclusos que cometieron delitos por carecer de ésta.
Al dar lectura a la propuesta, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la ALDF, Elizabeth Mateos, refirió que muchas personas infringen la ley para satisfacer sus necesidades básicas.
Añadió que de los más de 36 mil internos que existían hasta el 9 de febrero pasado, de acuerdo con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, al menos 17% se encuentra recluido por algún delito relacionado con carencias alimentarias y su defensa fue llevada por la Defensoría Pública, pues su condición de vulnerabilidad le impidió contratar a un abogado particular.
“El robo indigente o famélico, como se le conocía, constituye un caso especial del genérico estado de necesidad; esto es, cuando el sujeto se apodera, por una sola vez, de objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades más apremiantes porque no tiene otra opción, es a ellos a quienes va dirigida esta propuesta”, explicó.
Consideró que para disminuir el número de personas en situación vulnerable que se encuentran recluidas en los centros penitenciarios de la Ciudad de México por delitos de necesidad, es necesario que la Procuraduría General de Justicia, las secretarías de Seguridad Pública y de Gobierno, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, y a la Consejería Jurídica de esta capital, implementar acciones para atender este problema.
En el punto de acuerdo se pide a las comisiones especiales de Reclusorios y para el Diseño de Políticas Públicas de Combate de la Pobreza Extrema de la Asamblea, realizar un análisis y, si es el caso, una propuesta de Ley para fomentar u obligar a los supermercados y demás instituciones que generen desperdicios alimentarios, a donar alimentos a organizaciones de caridad o bancos de alimentos.