Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) resulta preocupante el anuncio dado a conocer este miércoles por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en donde formalizaron su retiro del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas en la Ciudad de México, como una acción conjunta para visibilizar la falta de operatividad de dicho Mecanismo.
El Mecanismo de Protección surgió de la preocupación compartida de la CDHDF y de las Organizaciones de la Sociedad Civil, ante el incremento de agresiones a personas defensoras y periodistas y ante la falta de canales institucionales para atender los casos de personas defensoras y periodistas en riesgo, independientemente de que estos radicaran o transitaran por la Ciudad de México.
Para atender esta necesidad se diseñó un Convenio de colaboración interinstitucional para crear el Mecanismo como tal así como su Protocolo de operación, dicho Convenio fue firmado por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF), la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), y el Tribunal Superior de Justicia (TSJDF), todas del Distrito Federal, y por esta Comisión, contando con la participación y consulta de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
De esta forma, una vez firmado el Convenio y concluida la elaboración del Protocolo de actuación, en septiembre de 2012 el Mecanismo inició formalmente sus funciones.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil, han jugado un papel fundamental en todo este proceso, tanto en la revisión y elaboración de los documentos que dieron origen y forma al Mecanismo, como al ser elegidas en asamblea para formar parte del Comité Especializado para la Evaluación y otorgamiento de Medidas de Protección de riesgos y del Grupo Técnico Consultivo, asumiendo en todo momento esta tarea con gran sentido de responsabilidad, profesionalismo y desde los más altos estándares de protección y prevención para las personas defensoras y periodistas, siempre con el propósito de contar con un Mecanismo eficiente para la ciudad.
No obstante, dicho Mecanismo desde sus inicios presentó dificultades para operar en razón de la falta de presupuesto para la implementación de las medidas de protección, aunado a otros obstáculos que no pudieron salvarse adecuadamente desde el año 2012, estas dificultades quedaron registradas en el Diagnóstico del Derecho a Defender Derechos Humanos elaborado en el marco del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, y que fue presentado en el mes de febrero de este año.
En ese Diagnóstico se consideró pertinente el diseño de una ley de protección con responsabilidades claras para los entes, con un presupuesto asignado para la implementación de las medidas de protección y con un equipo de personal capacitado en condiciones administrativas y legales para el manejo de recursos y destinado exclusivamente a ello, entre una larga lista de propuestas puntuales dirigidas a eficientar su funcionamiento.
En este tenor, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lamenta la pérdida del relevante aporte de las Organizaciones de la Sociedad Civil: Centro de Comunicación e Información de la Mujer A.C., Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P, Asociadas por lo Justo (JASS) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias ante ambas instancias del Mecanismo.
La llamada de atención que expresan estas organizaciones al terminar su participación formal en este Mecanismo debe de ser atendida inmediatamente por las instancias responsables del Gobierno del Distrito Federal, y debe de servir para establecer la ruta de viabilidad del Mecanismo de Protección para que pueda cumplir cabalmente sus fines y objetivos.
La CDHDF seguirá participando en dicho Mecanismo señalando en todo momento la necesidad de implementar las recomendaciones formuladas en el Diagnóstico del Derecho a Defender Derechos Humanos, manteniéndose atenta a las acciones que pudieran comenzar a implementarse de manera inmediata para mejorar su funcionamiento, sobre todo aquellas relacionadas con las propuestas en materia legislativa y/o de política pública que fortalezcan la seguridad de personas defensoras y que ejercen la libertad de expresión en nuestra ciudad, buscando en todo momento que ellas y ellos puedan ejercer su labor libremente y de manera segura, esperando que se generen condiciones para que se reintegren y sigan fortaleciendo este esfuerzo.