Tunden a Mancera por mentiroso
La secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Elvia María Pérez Escalante (PRI), denunció que los más de cinco millones de usuarios del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, siguen padeciendo la presencia de “vagoneros” y “bocineros”, que se prometió retirar a cambio del alza del 66 por ciento al pasaje, hace casi dos años.
Indicó que estos comerciantes ambulantes burlan los filtros de vigilancia y hallan formas para evitar ser detenidos y remitidos al Juez Cívico. Además, utilizan bolsas oscuras o mochilas para ocultar sus productos, mismos que anuncian una vez cerradas las puertas del vagón en el que viajan.
Por ello, Pérez Escalante presentó en la Comisión Permanente un punto de acuerdo, para exhortar al Jefe del Gobierno del Distrito Federal a que resuelva la situación de los vendedores en el Metro, por su constante infracción a las leyes y los reglamentos.
De igual modo, le plantea prohibir a los miembros de la policía actuar con discriminación al remitir al juzgado cívico sólo a grupos vulnerables, ya que no hay un trato igual para estos comerciantes del Metro.
“El piso no es parejo. La discriminación hace acto de presencia día a día. Los desvalidos, los grupos vulnerables son los que más sufren, pues son llevados al juez cívico o los hacen caer en la corrupción para salir del problema”, denunció.
La diputada Pérez Escalante afirmó que los llamados “vagoneros” siguen en el Metro con la complacencia de autoridades y policías que deberían estar cumpliendo su trabajo. Incluso, dijo, en los trenes “se ve a personas que se drogan y a carteristas que dejan sin dinero a muchos usuarios, sin que lo impidan los vigilantes”.
Recordó que el gobierno capitalino implementó el programa Reintegración a la Economía Formal de los Comerciantes al Interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC), el cual se instrumentó para capacitar y reincorporarlos a la economía formal, pero “varios abandonaron los cursos y continúan ofreciendo su mercancía en los vagones”.
El programa consiste en otorgarles dos mil pesos mensuales por hasta 6 meses, mientras toman un curso de capacitación. Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), de los 2 mil 432 participantes que obtuvieron su primer pago, se les suspendió el apoyo a mil 885 (77.5 por ciento). La inversión en el programa fue de 40 millones 458 mil 915 pesos, de los cuales sólo se han gastado 19 millones 715 mil 969 pesos.
El punto de acuerdo, que se analiza la Primera Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Permanente, también plantea solicitar al gobierno capitalino, por conducto de la dirección del Sistema de Transporte Colectivo, someter a todos los conductores a cursos extraordinarios de manejo de los trenes, especialmente en lo relativo al cierre de puertas, arranque y frenado, y a la comunicación oportuna de incidencias al Centro de Control Interno, para prevenir y evitar accidentes.
Resaltó que con el aumento de 3 a 5 pesos a la tarifa del Metro, en diciembre de 2013, se prometieron acciones para dar mantenimiento, modernizar y brindar un buen servicio, pero contrario a eso, persisten irregularidades por el mal estado de los trenes, inundaciones, retrasos, vendedores ambulantes, aglomeraciones e incluso choque de trenes.
Argumentó que las personas adultas mayores y con discapacidad encuentran serias limitantes para su movilidad en las calles y avenidas de las ciudades, pero más aún en el Metro donde sufren accidentes diversos, a veces provocados por excesos y en otras ocasiones por la imprudencia de los conductores.
“Es de todos conocido que los conductores de los trenes, irresponsablemente activan el cierre de puertas antes de que los usuarios ingresen a los vagones, quedando atrapadas generalmente las personas adultas mayores o con alguna discapacidad. También, en muchos casos y sin alguna razón comprensible, los conductores arrancan con gran velocidad, lo que hace que los pasajeros sufran caídas”, añadió.