Con argumentos contundentes, el diputado local del PRD, Eduardo Santillán Pérez, dio por hecho que la ALDF desechará la legalización de la marihuana, pues dijo que el 70 de la población del DF que no aprueba esta iniciativa.
“La ciudad de México no va a legalizar la marihuana, es un hecho, ya que la mayoría de los diputados de PRD de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) votará en contra de la legalización y probablemente se sumen legisladores de los demás partidos ahí representados”, reiteró Santillán Pérez.
El perredista destacó que en esta ciudad de las libertades, el debate lo ganaron, la opinión pública fue contundente y demoledora, cuando se plantea en la percepción de la ciudadanía del Distrito Federal el uso recreativo de la marihuana, el promedio es de 65 a 70 por ciento en contra; y cuando se plantea el uso médico prácticamente está a la par, dijo.
En el marco del 16º. Congreso Internacional “Enfoques Integrales para la atención del Bienestar Global”, el legislador señaló que es fundamental no criminalizar el consumo y tener cuidado en la diferencia entre el consumidor y el narcomenudista porque a veces un gramo puede ser la diferencia, sin embargo, se pronunció porque no se modifiquen las cantidades no sancionables y en cambio, dijo: “se requiere trabajar en los casos de proporcionalidad ya que en México, la pena es la misma para el que trae 6 gramos de marihuana que para el que porta 5 kilogramos”, explicó.
El también integrante de la Comisión de Gobierno, precisó que el debate debe fundamentarse en el tema del uso científico y médico porque en México, los Institutos de Investigación no tienen acceso de manera legal a la marihuana, pero es menester cuidar el uso de la sustancia con fines médicos y evitar que se utilice como pretexto para el uso recreativo.
Santillán Pérez, abundó: “no podemos plantear una política de drogas que fomente el consumo”, por el contrario, ésta tiene que implementar acciones para desarticular las redes criminales y fomentar una cultura de la prevención sin criminalizar el consumo”.
El legislador puntualizó que el tema de legalización de la marihuana tiene tres aspectos: seguridad, salud e impacto social. En el tema de seguridad, dijo, pareciera que si se legaliza la violencia desaparecerá, pero tal reducción no daría más allá de un 5 o 10 por ciento, en cambio se mantiene el incentivo hacia otras drogas. Además, los cárteles no se van a desarticular ya que éstos han diversificado su actuación a otras drogas y a otras actividades delincuenciales.
El impacto negativo en materia de salud, agregó, sería mucho más grave que cualquier beneficio que se pudiera tener en materia de seguridad; en tanto que las implicaciones y los riesgos sociales en procesos de legalización son muy graves, un número importante de delitos son cometidos bajo el influjo de alguna sustancia o droga.
Santillán Pérez puntualizó que en las sociedades donde se ha legalizado el consumo de la marihuana se habla de una estabilización del mercado de entre el 20 y 25 por ciento de la población, es decir, uno de cada 4 habitantes es consumidor. Desde esa óptica en la ciudad de México se estaría pasando de 4.5 por ciento de consumidores a 20 por ciento para que después se estabilice el mercado.
Más adelante, dijo que la percepción de rechazo a la legalización de la marihuana en América Latina se sustenta en la fórmula de pobreza, marginación, desintegración familiar, violencia y desempleo sumado a drogas legales o ilegales, el resultado es evidente; por eso la negativa a legalizar se da en sectores de alta marginación, las clases populares son las que presentan mayor rechazo porque en ese ambiente social, los procesos de legalización generan crisis sociales incontrolables.
Por ello, el legislador del PRD puntualizó que es imprescindible tener políticas públicas homogéneas en América Latina entre países productores, consumidores y de tránsito. Dijo que actualmente América Latina está en un escenario que se está incendiando como producto de la política contradictoria de los Estados Unidos Americanos en términos éticos, morales y jurídicos pues cómo procesarán a un narcotraficante cuando están legalizando una droga y cómo puede otorgar recursos a la lucha contra el narcotráfico en América Latina en una droga que considera legal.