La reforma del Distrito Federal requiere consultar a los especialistas, a las distintas fuerzas políticas y a los ciudadanos porque necesitamos una Reforma Política que le sirva a la gente y que considere que el Distrito Federal no sólo es la capital del país, sino la sede de los Poderes dela Unión, afirmó la senadora priista Ana Lilia Herrera Anzaldo, secretaria de la Comisión del Distrito Federal.
Entrevistada al término de la inauguración de los “Foros delegacionales: Reforma Política de la Ciudad de México”, Ana Lilia Herrera aclaró que los integrantes del Congreso serán respetuosos de la visión local, pero opinó que esa reforma deberá ser incluyente ya que para su creación tendrán que escucharse las voces no sólo de especialistas, sino de la sociedad en general.
Al considerar que se deben cuidar temas como la seguridad y la gobernabilidad del país, Herrera Anzaldo señaló que la reforma deberá incluir “candados democráticos” en temas como la representación.
“La Reforma del D.F. deberá servir también de contrapeso en las demarcaciones territoriales, ya que los jefes delegacionales son los únicos entes de gobierno en todo el territorio nacional que ejercen el poder de manera unipersonal”, dijo.
La legisladora priísta se refirió a la necesidad de definir si se trata de una reforma administrativa o política con base en los criterios que se quieren modificar, y reitero que en el Grupo Parlamentario del PRI estamos abiertos al análisis y discusión de una transformación política de la capital del país que le sirva a la ciudadanía, que se materialice en la gobernanza de la ciudad considerando cuatro elementos fundamentales para el bienestar de sus habitantes: una buena gestión administrativa, optimización del funcionamiento del sistema político-administrativo y la función pública, eficacia en el gobierno, y transparencia y rendición de cuentas.
Por último, señaló que la reforma debe incluir la creación de una estructura jurídico-legal uniforme y homogénea que garantice la resolución de conflictos entre límites delegaciones y éstas y la jefatura de gobierno, además del establecimiento de mayores y mejores mecanismos de rendición de cuentas de los servidores públicos que garanticen la responsabilidad de sus acciones.