La senadora de la República, Alejandra Barrales Magdaleno presentó una denuncia de hechos contra quien resulte responsable, por la posible comisión de ilícitos penales, debido a la distorsión y sesgo político que se ha dado dada a la información relativa al Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Educación y al Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal.
Indicó que los señalamientos que se han expresado vía entrevista a través de los medios de comunicación respecto de dicho fideicomiso, solamente confunden a los ciudadanos ya que se difunden datos falsos, información descontextualizada o bien con un claro sesgo político, que distorsiona la naturaleza y beneficios de este proyecto iniciado en la V Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Expresó que se trata de conductas ilícitas por contravenir lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que se han difundido datos de expedientes que se encuentran en trámite, que no han sido resueltos por la autoridad competente y que, por ende, son de acceso restringido.
Incluso, dijo, se han hecho públicos datos personales de las personas involucradas, con las consecuencias que ello tiene.
En ese sentido, indicó que se estaría en presencia del ejercicio indebido del servicio público, en la hipótesis de utilizar por sí o interpósita persona, de manera ilícita información o documentación que se encuentre bajo custodia de una determinada persona o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 214 fracción IV del ordenamiento penal.
Asimismo, ante las insistentes referencias a que no obra información respecto a la operación del aludido fideicomiso, indicó que contrario a lo que se ha señalado, el FIJOV fue dado de alta como ente obligado, sujeto a obligaciones de transparencia e información pública, así como de protección de datos personales en el Distrito Federal. Por ende, fue evaluado por el Instituto.
En ese sentido y ante la posibilidad de que se haya manipulado o desaparecido la información atinente al FIJOV, indicó que se estaría acreditando la conducta delictiva prevista en el artículo 211, bis 3 del Código Penal Federal en la hipótesis, referente a que quien estando autorizado para acceder a sistemas y equipo de informática del Estado, indebidamente modifique, destruya o provoque pérdida de información que éstos contengan.
Barrales manifestó que se reserva su derecho de valorar la posibilidad de promover, en su oportunidad, las acciones relativas al daño moral que ha resentido, pues la manipulación que se ha dado a la información puede afectar su imagen pública.
Finalmente, la senadora del PRD indicó que con la presentación de esta denuncia pone en manos de las autoridades competentes la valoración y decisión de los hechos y que sean éstas las que determinen su procedencia.