Por Guillermo Pimentel Balderas

Jorge Gaviño, diputado local de Nueva Alianza, en entrevista, aseguró que se quiere hacer del alumbrado público “un impuesto disfrazado de derecho”, por lo cual afirmó que este servicio es obligación del Estado otorgarlo, por lo que su cobro es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte, Eduardo Santillán Pérez, diputado del PRD en la ALDF, consultado al respecto, refutó los conceptos de impuestos por alumbrado público y el cobro del predial con base en el valor comercial del inmueble.

Gaviño Ambriz, ofreció amparos para quienes se nieguen a pagar este impuesto, en caso que pase, aunque vaticinó que será difícil su aprobación en atención a que 31 diputados han manifestado su rechazo abierto a este derecho disfrazado de impuesto.

El diputado local en la ALDF, dio a conocer que está en contra del posible cobro del derecho de alumbrado público porque es “obligación del Gobierno del Distrito Federal proporcionar este servicio, no de los ciudadanos pagar por recibirlo”.

Aunado al hecho de que los ingresos del Estado, deben ser a través de impuestos, derechos y aprovechamientos y quiere hacerse del alumbrado público “un impuesto disfrazado de derecho”.

A su vez, por separado, Santillán Pérez señaló que los conceptos de impuestos por alumbrado público y el cobro del predial, se plantearon durante las mesas de trabajo de la Iniciativa de Ley de Ingresos con el Secretario de Finanzas y el Tesorero del gobierno de Distrito Federal argumentando que se obtendría una recaudación de mil 200 millones de pesos anuales.

Sin embargo, el legislador perredista señaló que aunque el concepto de impuesto por alumbrado público se cobra en 20 estados del país, en la Ciudad de México afectaría gravemente la economía de las familias, porque en los hechos se traduciría en un aumento del 10 por ciento en las tarifas eléctricas que cobraría la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Destacó, que es necesario redefinir la Ley de Ingresos del DF para eficientar la recaudación fiscal, pero instrumentar un impuesto que aumente las tarifas por consumo de electricidad resulta contrario a la postura que ha defendido el grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ante los cobros excesivos que ha hecho la CFE.

Por otro lado, Santillán Pérez también destacó el impacto negativo que tendría en la economía familiar la pretensión de cuantificar el impuesto predial con base en el valor comercial del inmueble y desechar el valor catastral como se realiza.

Precisó que el valor comercial de un inmueble suele definirse para efectos de compra venta, mientras que la función del catastro es determinar, mediante un padrón, el inventario analítico de los inmuebles ubicados en el Distrito Federal con datos técnicos y administrativos. El catastro es un sistema de información territorial, dijo.

El también presidente de Nueva Alianza en la capital, Gaviño Ambriz, subrayó que querer cobrar  alumbrado público a los capitalinos es violatorio a las Garantías de Proporcionalidad y Equidad establecidas en el Artículo 31, Fracción IV de la Constitución Política de nuestro país que a la letra dice: Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”

“Por lo que es incorrecto tomar como base para el pago por el servicio de alumbrado público, el consumo de energía eléctrica doméstica o comercial, porque con ello se rompe la relación existente entre el objeto de una contribución (alumbrado público) y su base (el consumo de la energía eléctrica doméstica o comercial)”, manifestó. 

Jorge Gaviño, destacó que la vía jurisdiccional para hacer frente a la inconstitucionalidad de este impuesto es la interposición de un Juicio de Amparo, para así solicitar la protección de la justicia federal o del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; por lo que en caso de que se aplique el cobro del DAP en la Ley de Ingresos del Distrito Federal, apoyará a través de juicios de amparo a todos los capitalinos que con razón se nieguen a pagar este impuesto, acotó.