El diputado local Alejandro Sánchez Camacho presentará ante el pleno de la ALDF la iniciativa de Ley de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito Federal, lo que permitirá que las y los campesinos de la Ciudad de México puedan ejercer sus derechos de manera plena.
El legislador consideró que resulta necesario contar con una legislación rural que obedezca a la realidad del campo de la Ciudad de México, porque las que existen en el ámbito federal resultan a todas luces resultan inoperantes, como lo es la ley vigente sobre desarrollo rural sustentable.
Expuso que el medio rural de la Ciudad de México sufre fenómenos migratorios internos que se reflejan en la baja productividad, el abandono de tierras, comercio ilegal de terrenos, litigios agrarios, expropiaciones inconclusas, falta de capitalización, elevados costos de producción, escasa viabilidad de los proyectos productivos y de comercialización.
Sin descontar la presión urbana, cambio de uso de suelo, pérdida de zonas con vegetación natural indispensables para la infiltración y la recarga del acuífero y la marginación de los productores aún persiste y se estima que el 98% de ellos no se beneficia con créditos ni seguro, el 71% no utiliza tractores, el 88.5% trabaja en forma individual en superficies de temporal, sólo el 31.6% de los ejidos y comunidades cuentan con asistencia técnica y el uso de semillas mejoradas apenas representa el 7.9%, detalló el diputado local.
En la iniciativa se propone la creación del Consejo Rural de la Ciudad de México como órgano de consulta con funciones de asesoría, evaluación y seguimiento de la política pública en la materia; mientras que en el ámbito administrativo se promueve la creación del gabinete de desarrollo rural.
Dicho gabinete establecerá la política pública a partir de una serie de principios que deberán considerarse en la expedición de cualquier instrumento del gobierno del Distrito Federal que regule, norme o implante acciones de desarrollo agropecuario y rural.
Esta política se auxilia de instrumentos como lo son la planificación, la ordenación el suelo rural, la educación, investigación y capacitación; los apoyos económicos; y la información, estadística y geografía.
De igual forma, de aprobarse esta legislación estará contribuyendo a la aplicación del Programa de Acción Climática para las medidas de adaptación “Protección y recuperación de cultivos y herbolaria nativos: maíz criollo”, “Manejo de microcuencas 3: Manejo de microcuencas para el desarrollo rural y conservación de suelo y agua en tierras de uso agropecuario”, “Monitoreo agropecuario de transgénicos y fomento a la producción orgánica”; y “Parcelas piloto 1: Recuperación suelo para el desarrollo rural”.
La ley es innovadora también en el sentido que considera la actividad rural sujeta a mecanismos de conservación, derivado de las particularidades que esta actividad tiene en el Distrito Federal, fomentando la creación de categorías de conservación como los espacios permanentes de producción agropecuaria y rural, las vías pecuarias y los geoparques rurales, de manera tal que nos ponga en la vanguardia internacional en la asignación de superficies del campo de la Ciudad bajo estas categorías.
Otra de las aportaciones es la regulación de los recursos genéticos para la agricultura y la alimentación derivado de los esfuerzos internacionales por normar y conservar estos recursos que están íntimamente ligados al ejercicio del derecho a la soberanía alimentaria.
Se fomenta la agricultura sustentable a pequeña escala, particularmente para la instrumentación de proyectos de agricultura urbana y traspatios familiares en un contexto de producción orgánica, enfocado a personas, grupos y organizaciones que han venido desarrollando esta actividad y que aun carecen de certidumbre jurídica; y se promueve la comercialización de los productos agropecuarios y rurales, así como de ferias y exposiciones, mismos que representan una alta demanda en nuestra realidad rural.
También se establecen mecanismos para coadyuvar en el bienestar social de la gente que vive en el campo de la Ciudad de México, estableciendo programas específicos, procurando elevar la calidad de vida, atender a los grupos sociales que viven en el suelo rural con grados de marginación, el establecimiento de regiones prioritarias y el señalamiento de los propósitos que toda política pública de bienestar social debe contener.
Sánchez Camacho explicó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta a la Asamblea Legislativa a normar el desarrollo agropecuario del Distrito Federal, que también se refleja en nuestro Estatuto de Gobierno.
Esta disposición, agregó, es de gran valor ya que sólo nuestra entidad es la que tiene de manera expresa esta facultad, que aún no la tienen el resto de las entidades federativas, lo que nos pone no sólo en la vanguardia sino en el indiscutible reto de legislar en la materia de acuerdo con nuestra propia realidad rural.