Guillermo Pimentel Balderas
No basta con suspender las infracciones del Reglamento de Tránsito para los primeros infractores ni aumentar su difusión, si la Secretaría de Seguridad Pública capitalina evade sus funciones y mantiene políticas punitivas mercantilistas que violentan derechos.
Así lo manifestó Luciano Jimeno Huanosta, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, al señalar que “subrogar, concesionar o delegar facultades que trastocan derechos del automovilista y hasta de la policía de tránsito, obligada a cubrir una “cuota” de infracciones; sólo se enfrenta con amparos”.
Jimeno Huanosta recordó a los sin memoria que hasta para verificar primero debes pagar las multas, porque en los verificentros, así como en todo, la política es: “no hay de otra, pagas y después te quejas”.
Entonces, advirtió, no engañemos más al ciudadano, incluso con una supuesta prórroga para aplicar las infracciones en el Reglamento de Tránsito porque para exigir hay que cumplir, sin generar más encono social.
Dijo el diputado local que desde la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF se revisa las infracciones consideradas en el Reglamento de Tránsito, para ver cuáles son sólo negocio, cuáles cumplen con el objetivo de prevenir y de impulsar la cultura vial.
“Si hemos de pagar porque empresas privadas asuman las facultades que compete a la SSPDF, que justifica con argumentos inverosímiles de protección al ciudadano, pues protejamos en todos los sentidos y evitemos que diariamente mueran, o sean víctimas de asalto en el transporte público, en las calles y hasta en su propio domicilio”, subrayó.
Más adelante, agregó: “Hiram Almeida, titular de la SSPDF y el mismo procurador, Rodolfo Ríos, deben demostrar al ciudadano su interés por cumplir cabalmente con lo no subrogado, lo no concesionado y lo no evadido en sus facultades. Les exhortamos a que nos digan cómo apoyarlos para ser más eficientes en lo que aún mantienen como su función: prevenir delitos, garantizar seguridad pública y aplicar de forma expedita la ley”.
El legislador Humanista convocó a ser justos en la aplicación del derecho, proteger en todos los sentidos al ciudadano que hoy padece por los baches, una obsoleta infraestructura vial para la eficiente movilidad, caos y miles de horas hombre en el tránsito, lo cual, ante la evidente inseguridad, se vuelve nimio.
El también vicepresidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia dijo que no sólo es una convocatoria al ciudadano para usar los instrumentos legales que sirvan para la defensa de actos violatorios a sus derechos, sino también un compromiso del legislativo, de ofrecerles los argumentos para promover amparos que los protejan de un Reglamento de Tránsito y de acciones arbitrarias que afecten sus derechos.
Eso, subrayó, independientemente de solicitar a cada dependencia de gobierno, no sólo a la SSPDF y a la PGJDF, que rindan cuentas a los legisladores sobre sus políticas públicas, sobre todo cuando evaden sus facultades y dejan que otros las ejerzan a su libre albedrío, pues el presupuesto asignado es para beneficiar a la población, no para castigarla con sus propios recursos.
Es inadmisible, agregó, que las dependencias del gobierno de la ciudad de México sean incapaces de cumplir con sus responsabilidades y hasta se den el lujo de delegarlas para que otros -empresas- las conviertan en un negocio rentable, lo que representa, responsabilidad de los funcionarios.