La Cámara de Diputados aprobó la nueva la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas que en breve deberá promulgar el presidente Enrique Peña Nieto, a fin de exigir que empresas de ambos ramos garanticen que cuentan con la solvencia, estabilidad y seguridad financiera suficientes para cumplir con sus obligaciones.
El documento señala que con este ordenamiento se someterá a “pruebas de estrés periódicas” la solvencia económica de estas instituciones, con el propósito de evaluar si es o no suficiente su capital.
Además, prevé un “seguro de caución” que consiste en el “pago de una indemnización al asegurado a título de resarcimiento o penalidad por los daños patrimoniales sufridos” por incumplimiento del contrato.
Asimismo, permite que las instituciones desarrollen un modelo interno para determinar el capital que requieren, pero si éste no cumple con los requisitos establecidos, se deberán presentar programas de regularización.
El dictamen también precisa que en caso de no subsanar la irregularidad, se aplicarán sanciones que pueden llegar a la revocación de la autorización.
La nueva Ley dispone que las aseguradoras y afianzadoras formulen sus propias políticas de inversión, con objetivos claros, equilibrio entre activos y pasivos, liquidez y coherentes con la naturaleza y moneda en la que se asumen las obligaciones.
Del mismo modo, tendrán la obligación de transparentar su situación financiera frente al mercado, de dar a conocer información sobre su perfil de riesgo y nivel de capitalización y contar con calificaciones de calidad crediticia.
Se faculta a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a supervisar, con mayor énfasis, la adecuada administración de riesgos por parte de las instituciones.
También, establece que se pueda prohibir o limitar la adquisición de activos o instrumentos cuando representen riesgos excesivos para la cartera de las instituciones, pues de esta manera las autoridades podrán actuar ante situaciones que ameriten su intervención en la protección del sistema financiero y de los usuarios.
El dictamen está orientado a garantizar, en la medida de lo posible, que las aseguradoras y afianzadoras, como otras instituciones financieras, cuenten con recursos económicos suficientes para cumplir con las obligaciones frente al público usuario.