Claman en el Senado
El senador David Monreal Ávila dijo que ante la corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos de interés que siguen existiendo en la asignación de contrataciones y obras públicas, lo que obliga al Congreso federal reformar el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pues considera que solo así se establecerán límites a las modificaciones de los contratos y garantizar que se respeten las bases bajo las cuales fueron celebrados.
En este sentido, planteó, a través de una iniciativa, disminuir el porcentaje base que se establece en los contratos para su modificación y que pase de 25 por ciento del total de la obra a 10 por ciento, y que los cambios sean mediante el convenio entre las partes.
Por otro lado, el legislador propuso que quien autorice los cambios en los contratos no sólo sea la Secretaría de la Función Pública, sino un comité de revisión y vigilancia integrado por el servidor público responsable de la obra, un ingeniero, un arquitecto y un administrador expertos en el tipo de obra materia del contrato, quienes deberán estar afiliados a un colegio o barra de profesionistas, a fin de que existan opiniones de expertos ajenos a los intereses de las partes que emitan su dictamen al respecto.
Con ello, se busca combatir la discrecionalidad, el desvío de recursos y la corrupción en la ejecución de las obras públicas, como en los casos de la “Estela de Luz”; la Línea 12 del Metro en el Distrito Federal; la Biblioteca Vasconcelos en la Ciudad de México; y el de la empresa OHL, que presuntamente sobornó a un funcionario del Estado de México para aumentar los precios de un tramo del Viaducto Bicentenario, señaló el senador.
Añadió que estos casos muestran la urgencia de asegurar la transparencia de todo el proceso de la obra pública, es decir, antes de la contratación, durante la misma y después de ella, porque existe poca transparencia en las asignaciones de obras, concesiones y los cambios en las condiciones de ejecución de las mismas son opacos, señaló.
La falta de mecanismos de control al poder público en México lo ha llevado a posicionarse como uno de los países con mayor corrupción en el mundo, ya que de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado por Transparencia Internacional, el país se ubicó en el lugar 103 de 175 países.
Lo anterior, en gran medida, ha creado las condiciones para que existan altos niveles de impunidad, delincuencia, tráfico de influencias, un desarrollo social y económico miserable, y en consecuencia, que la mitad de la población se encuentre en situación de pobreza.
Por tal motivo, hoy en día es una urgencia atender y detener el avance de esta problemática, que cada vez asfixia más a la sociedad mexicana, finalizó.