El Senado de la República recibió el Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que el gobierno federal reconoce que en materia de derechos humanos, persisten dificultades para que las reformas aprobadas se traduzcan en una política pública eficaz.
Prevalecen prácticas discriminatorias, motivadas por preferencias de género, nivel socioeconómico, religión y origen étnico, precisa el documento.
Considera que el diálogo, el consenso y la creación de acuerdos permiten impulsar reformas, políticas y programas para que México alcance su máximo potencial y vivir en paz.
Muestra de ello es que el Ejecutivo federal ha propiciado una comunicación permanente y efectiva con el Congreso, a fin de dar seguimiento puntual y agilizar las solicitudes de información de los legisladores y, al mismo tiempo, construir acuerdos que permitan impulsar las reformas estructurales.
Señala que, en materia de seguridad pública, se impulsan reformas, programas y acciones que atienden directamente los factores de riesgo, tales como más intercambio de información, adiestramiento y cooperación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Es a través de la búsqueda de acuerdos políticos como se evitan las tensiones de la diversidad de intereses y grupos, lo que favorece la eficacia del Estado y acerca a la ciudadanía al quehacer político, puntualiza el documento.