El senador Benjamín Robles Montoya pidió al gobierno federal remitir al Senado de la República para su ratificación el memorándum de antecedentes de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que es un instrumento legal para la protección de las garantías de la juventud.
Recordó que en octubre de 2005 México firmó la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, y desde entonces México se encuentra en proceso de ratificación de dicha Convención, es decir, han pasado ya 7 años y no ha sido ratificado por obstrucciones del Poder Ejecutivo, señaló.
El legislador por Oaxaca explicó que la convención es un tratado internacional que fue firmado el 11 de octubre de 2005 en Badajoz, España, y es de carácter vinculante que establece el compromiso de los 21 países que conforman la Comunidad Iberoamericana de Naciones y garantiza a los jóvenes de entre 15 y 24 años, sin discriminación alguna, el cumplimiento de los derechos humanos.
A través de un punto de acuerdo, Benjamín Robles exhortó al gobierno de la República a remitir de inmediato el memorándum de antecedentes de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76, fracción I, de la Constitución, para ser aprobada por el Senado.
Benjamín Robles dijo que los Estados parte están obligados a abstenerse de interferir en el goce de los derechos dentro de su jurisdicción, impedir la violación de los mismos por parte de individuos, grupos, instituciones, corporaciones, y tomar medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales para lograr la plena realización de los derechos.
“En el caso de México, en el mismo octubre firmó la convención y hasta la fecha se encuentra en proceso de ratificación; es decir, han pasado siete años y este instrumento legal que podría ser el primero de alcance nacional que garantice derechos a la juventud, en ausencia de una ley nacional de juventud, no ha sido ratificado por obstrucciones del Poder Ejecutivo”, aseguró el senador.
Dijo que a lo largo de estos años se suman ya tres exhortos emitidos por el Senado y dos del Congreso de la Unión, por lo que él o los funcionarios que han obstaculizado abiertamente la aprobación de la Convención y que sistemáticamente han ignorado las facultades del Legislativo han faltado a su responsabilidad como servidores públicos.