El coordinador del PRD, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que PRI y su gobierno actúan “con arrogancia” frente a diversos temas de coyuntura, como el caso de la resolución del IFE sobre el expediente Monex, la controversia constitucional contra la ratificación de mandos responsables de la seguridad pública, o diversas reformas que están por discutirse en el Congreso de la Unión en el próximo periodo de sesiones.
Señaló que el gobierno de Enrique Peña Nieto, por la suscripción del Pacto y el apoyo de las fuerzas políticas, “encontró un momento de legitimación muy pronto, porque llegó con múltiples y graves acusaciones, y hoy se siente complacido en un ambiente donde la oposición fue generosa al participar en el Pacto”.
“Hoy estoy viendo una expansión y una arrogancia del poder. ¿Cuál es la arrogancia? La resolución del IFE sobre el caso Monex da manga ancha para que las campañas electorales se nutran de recursos por medio de maniobras financieras con total impunidad”, planteó.
“No esperábamos que el caso Monex reabriera la posibilidad de la caída del gobierno, también hay que decirlo para que no se esté pensando en una izquierda delirante, pero sí que quedara claro frente a la sociedad, frente al electorado el papel que jugó el dinero en los resultados”, señaló el senador del PRD.
Respecto a la posibilidad de que el partido en el poder modifique sus estatutos para apuntalar el IVA generalizado, representa esa arrogancia al pensar que se puede pasar por alto el perjuicio que causaría esta medida en sectores importantes de la población. Además el senador Barbosa Huerta reiteró la posición de los legisladores de su grupo de no aceptar la aplicación de este gravamen a alimentos y medicinas.
Sobre la controversia constitucional contra la ratificación de mandos policiacos, Barbosa Huerta aseguró que los diputados priistas se pusieron “en evidencia ante la sociedad” al recurrir a maniobras legales para evitar que la oposición cumpla con sus funciones de corresponsabilidad en la ratificación de estos importantes puestos en materia de seguridad”.
El Presidente del Instituto Belisario Domínguez dijo que el poder debe evolucionar para democratizarse, no para volverse absoluto y sin controles, “eso no lo están entendiendo”.
Aseguró que la acción de inconstitucionalidad “es una táctica errónea” que sólo demuestra “la arrogancia de los diputados del PRI, que pretenden impedir la existencia de los mínimos controles democráticos en las designaciones de estos dos cargos relacionados con la seguridad pública”.
Miguel Barbosa dijo que si la acción de inconstitucionalidad procede, “habrá autoridades policiacas, altos mandos que no estén obligados a rendir cuentas ante nadie. ¿Eso es sano para la sociedad? No lo es”.
El senador del PRD señaló que en dos décadas de transición política, uno de los avances más notables ha sido la creación de instituciones como la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
“La designación de los titulares de estas instituciones pasan por el Congreso de la Unión en las modalidades y formas que establece la ley, lo mismo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Procurador General de la República, los altos funcionarios de Hacienda, los mandos militares y el cuerpo diplomático”, expuso.
Barbosa Huerta insistió en que la posibilidad de que el Senado de la República ratifique a dos de los altos mandos de la seguridad pública “constituye una característica de la pluralidad que vive nuestro país y que no admite ningún retroceso”.
Señaló que en casi dos meses de la nueva administración, es notorio. Que persisten “viejas prácticas que revelan que la esencia autoritaria del PRI no ha cambiado”.