La diputada Elvia María Pérez Escalante propuso incorporar a las personas adultas mayores como sujetos pasivos del delito de abandono, y sustituir el concepto de “niño incapaz”, por el de “menor incapaz”, término más acorde al lenguaje de género actual referido a las niñas y los niños.
También plantea establecer una multa de 50 a 100 días de salario mínimo, para fortalecer la protección de ese derecho humano fundamental de los adultos mayores, los menores y las personas enfermas con incapacidad de cuidarse a sí mismos. El delito se perseguirá de oficio, indicó.
Para ello, la legisladora secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa para reformar el artículo 335 del Código Penal Federal, y adicionar un segundo párrafo, a fin de que el Ministerio Público ponga al abandonado al cuidado de la institución que corresponda.
Asimismo, para que tenga la obligación de privar de la patria potestad o de la tutela y la designación de un tutor especial, en caso de que el responsable del delito fuera ascendiente o tutor del menor.
Explicó que ese precepto tipifica como delito el abandono de personas incapaces de cuidarse a sí mismos, solo cuando se trata de menores o enfermos, “sin considerar a las personas adultas mayores incapaces de cuidarse a sí mismas, por lo que resulta muy importante reformarlo, a fin de que les asista la protección de sus derechos humanos”.
Respecto a la sanción penal relativa a la privativa de libertad, establecida de un mes a cuatro años de prisión, no se propone ninguna modificación.
Argumentó que en el país no se cuenta con estadísticas en torno al maltrato y la violencia que sufren los adultos mayores, en especial sobre los que están imposibilitados a cuidarse a sí mismos y que han sido abandonados por quienes tienen el deber de cuidarlos.
Refirió que una encuesta del Colegio de México realizada en 2009 en el Distrito Federal, detectó que esta población recibe maltrato y violencia sobre todo de los hijos en el 36 por ciento de los casos; de la pareja en el 11; de parte de los nietos en el 10 por ciento, y de personas ajenas, en el 17.4 por ciento.
La legisladora subrayó que actualmente en el país, diez de cada 100 mexicanos han cumplido sesenta años o más y, el Consejo Nacional de Población estima que para 2050, un 30 por ciento de la población nacional tendrá más de esa edad.
Destacó en su propuesta la necesidad de establecer que este delito se persiga de oficio, lo que “permitirá al Ministerio Público actuar con la oportunidad que los casos requieran, sin que tenga que esperar a que exista el requisito de procedibilidad, como una querella”.
Pérez Escalante aclaró que esta iniciativa no representa un impacto presupuestario para su cumplimiento, toda vez que no deriva en la realización de nuevas funciones ni en la creación de nuevas estructuras administrativas, ni tampoco la ampliación de servicios públicos.