Guillermo Pimentel Balderas

El dirigente de la Central Campesina Cardenista, Max Agustín Correa Hernández, emplazó al Secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, a resolver la conflictividad agraria del país para antes del mes de marzo, debido a que existe exceso de burocracia en la institución.

Max Correa denunció que está en riesgo la politización de más de 450 conflictos agrarios, ante el proceso electoral del 1 de julio, lo que implica una superficie superior a las 22 mil hectáreas y más de 3 mil campesinos y ejidatarios.

En conferencia de prensa, en que la CCC se solidarizó con la demanda de la CNPA Movimiento Nacional para lograr la liberación de su líder social, Francisco Jiménez Pablo, la CCC Correa Hernández anunció la Jornada Nacional de Recuperación de la Tierra y Regulación de Posesiones a desarrollarse a partir de este martes en todas las delegaciones del país de la SRA.

En compañía de Carlos Moreno, secretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la CCC, ambos dirigentes informaron que la Secretaría de la Reforma Agraria no soluciona los Conflictos Agrarios porque se busca darles salida por la vía discrecional en el marco electoral de 2012, a fin de obtener resultados políticos.

Todo ello, coincidieron, es en agravio de las comunidades, mientras que el Registro Agrario Nacional sólo acelera los procesos de dominio pleno, con la intensión de que sólo se atienda la inversión privada en ejidos y comunidades.

Carlos Moreno, detalló que se tienen reportados 450 conflictos agrarios reconocidos por la misma Secretaria de la Reforma Agraria, pero al no ser resueltos en materia de tenencia de la tierra, los campesinos se ven impedidos para acceder al financiamiento público.

Indicó que la superficie no regularizada es de 25 mil hectáreas que están en posesión de 4 mil 500 jefes de familia, rezagados en su desarrollo al no contar con acceso al financiamiento público.

Max Correa, líder de la CCC, por su parte explicó que de los 25 mil hectáreas, 22 mil hectáreas corresponden a conflictividad por posesión irregular en 18 estados del país que involucra a 3 mil campesinos y el resto relacionados con la mala aplicación del Procede y otros aspectos administrativos.

Reiteró su emplazamiento al Secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto para que antes del 20 de marzo atienda esta situación ya que muchos funcionarios en lugar de hacer su trabajo, ya están empacando maletas rumbo al cambio de Gobierno Federal, cuando los conflictos agrarios tienen una antigüedad promedio de 30 años o más.

Los ejemplos más recientes, dijo, se ubican en el Distrito Federal, específicamente en la delegación Gustavo A. Madero, donde la zona de San Juan de Aragón, es de origen ejidal y ya está invadida por decenas de condominios sin que la autoridad local (GDF), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o la Comisión Nacional del Agua, así como la SRA atiendan la problemática.

Asimismo, indicó, está el ejido denominado Registro Agrario Integral en Baja California y el cual es el más grande del país que, derivado de la mala aplicación del Procede, se afectaron los derechos de los ejidatarios a favor de otros para explotar la zona con intereses turísticos.

Del mismo modo, en Yucatán, agregó, los conflictos agrarios afectan a los campesinos y ejidatarios, ya que hay disputas por la tierra bajo intereses de alto impacto turístico en la zona aledaña al mar.