Parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil que se oponen a la aprobación del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) advirtieron que este instrumento internacional es perjudicial para los derechos de las personas y de los pueblos, pues sólo se busca el beneficio del capital financiero mundial.
El senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, explicó que las oligarquías nacionales asociadas al capital financiero internacional imponen medidas en contra de nuestros pueblos.
“Hemos tenido claramente gobiernos que no actúan para su población, cuando los gobiernos se asocian a los intereses económicos trasnacionales dejan de gobernar para su país, y eso es lo que pasa en México, claramente”, consideró.
Puso como ejemplo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que “nos ha llevado a una tragedia nacional”, porque la pobreza en México crece constantemente; o la reforma energética que fue promovida por los intereses trasnacionales y el gobierno mexicano.
En tanto, la senadora del Grupo Parlamentario del PT, Layda Sansores San Román, comentó que el TTP es el Tratado de Libre Comercio “más prejudicial de la historia”, pues dijo que afectará el acceso a medicamentos, debido a las restricciones que establece en materia de propiedad intelectual.
Asimismo, señaló que ahondará la brecha entre la opulencia y la miseria, eliminará la neutralidad de la Red, perjudicará la privacidad de los usuarios y la libertad de expresión; además abre la puerta para que se repliquen los problemas de concentración de radiodifusión.
Ana Romero, de la Red Peruana por una Globalización con Equidad, explicó que en su país la sociedad se opone al TTP por su contenido y por la función que cumple este acuerdo comercial.
“Por su contenido, podemos decir que pone encima los derechos de las inversiones extranjeras, los pone por encima de los derechos nacionales. Promueve e impulsa la corrupción, va en contra de la integración regional y latinoamericana que tanto buscan nuestros pueblos”, comentó.
Planteó diseñar una estrategia conjunta internacional que involucre a todos los países que serán afectados por el TTP, que proponga acciones concretas y se acompañe de medidas parlamentarias, además de acudir a con una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Karen Hansen, del Instituto de Política de Agricultura y Comercio, de Estados Unidos, dijo que el campo tanto en México como en ese país se verán afectados, ya que el TLCAN y el TPP “son más de lo mismo”, pues se afectó a los pequeños productores.
Agregó que otro de los sectores que serán impactados es el de la salud respecto al tema de medicamentos, ya que se le dará más poder a las empresas farmacéuticas.
El representante de la “Coalición Chile vs. el TPP”, Carlos Figueroa, dijo que en el caso de esa nación sudamericana no se han dado a conocer las verdaderas consecuencias que traerá el Acuerdo Estratégico en temas de salud, protección de las semillas y derechos digitales, ya que se ejerce control en datos personales, persecución y criminalización de datos en Internet.
Mencionó que de los países que están firmando el TPP, menos del cinco por ciento de los parlamentarios han leído el texto y no conocen las consecuencias que éste implica; “es una constitución hecha a la medida de las empresas transnacionales y va a cambiar las legislaciones nacionales”, advirtió.
Natalie Wais, representante de la Confederación de Sindicatos Nacionales de Canadá, advirtió que con este tratado aumentarán las condiciones precarias de trabajo y de los salarios, debido a la competencia entre empresas.
Aunado a ello, agregó, se incrementarán a las desigualdades, tendrá un efecto sobre los precios de los servicios públicos y aumentará la presión para más privatización y liberalización de los servicios públicos; “ya sabemos cómo esto genera más desigualdad”.
Carlos Ventura, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, pidió que el Senado consulte a la sociedad y abra espacios de discusión amplia antes de votar el TPP.
Tenemos una preocupación constante relacionada con que las empresas pretenden argüir algunos temas por encima de los derechos de las personas y de los pueblos; esperamos un profundo no al tratado, al despojo y a la privatización de los bienes comunes, apuntó.