El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda Anguiano, advirtió que las reformas propuestas para sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, contempla castigar la protesta social, pues sanciona a quienes intenten oponerse a la ejecución de alguna obra de la industria petrolera.
Al precisar que de ninguna manera se opone a que haya sanciones severas para castigar a quienes roben combustible, el diputado consideró que paralelamente se propone castigar cualquier oposición ciudadana a que se instale una gasolinera o una refinería cerca de su casa.
Sostuvo que en los artículos 20, 21 y 22 se incorporan preceptos que rebasan la mera protección de los combustibles propiedad de Petróleos Mexicanos (PEMEX), a la pretensión de sancionar la libertad de expresión de aquellos que pudieran oponerse a cualquier proyecto que pudiera tener repercusiones ecológicas o de otra índole.
El diputado Ojeda declaró que el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia relativo a dicha ley, podría incurrir en acciones autoritarias para contrarrestar una manifestación en contra de una obra que tenga que ver con la industria petrolera.
Precisó que en los artículos 20 y 21 del dictamen se sancionan con penas de hasta 12 años de prisión las conductas relacionadas a aquellas que impidan, la ejecución de una obra relativa a la industria petrolera.
Reiteró que representa un grave riesgo para la ciudadanía que se establezca como delito, por ejemplo, cuando una comunidad se manifieste en contra de la ejecución de alguna obra de la industria petrolera que afecte sus intereses sociales, económicos e incluso ambientales.
Abundó que los artículos 20, 21 y 22 contienen una redacción tan ambigua que resultaría difícil determinar que es delito y que no es delito, a la vista de una legitima protesta social.
Por otro lado, dijo que en el dictamen se omite sancionar a las gasolineras o franquiciatarios que venden litros incompletos.
“Ahí también existe un robo que atenta contra la industria petrolera, ya que bajo el amparo de un concesión, una persona física o moral que venda combustibles obtiene lucros indebidos”, señaló.
Subrayó que en ninguna parte del dictamen se contempla este grave problema que afecta la economía de los consumidores, por lo que presentará una reserva para que la venta de litros incompletos se establezca como un delito.