La senadora Luisa María Calderón Hinojosa exhortó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a que informe y prevenga a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano sobre la autorización ilegal del Congreso de Michoacán al Ejecutivo local para contratar deuda de corto plazo hasta por 6 por ciento de los ingresos totales.
La legisladora pidió a la PGR que, en el ejercicio de sus atribuciones, presente una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 1, párrafos cuarto y quinto, del decreto 123, Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el Ejercicio Presupuestal de 2016.
“No es novedad decir que Michoacán lleva años viviendo un desastre financiero, lo terrible es que el Congreso del estado, que debería ser contrapeso del Ejecutivo, ha declinado a la obligación de velar por el dinero de los ciudadanos, de vigilar estrictamente cómo y en qué se gastan sus impuestos y estar atentos a que la administración pública cumpla sus obligaciones”, sostuvo.
Mediante un punto de acuerdo inscrito en la gaceta de la Comisión Permanente, Calderón Hinojosa indicó que la base de un desarrollo sostenible debe ser un gobierno eficaz, transparente, responsable y confiable, que actúe bajo el predominio de la ley.
No obstante, afirmó que con el pretexto del desarrollo social, la construcción de infraestructura, la igualdad económica o alcanzar mayores condiciones de vida de los pueblos, no se puede violentar la ley y dejar de ser un gobierno responsable y transparente, ya que, eso trae como consecuencia la bancarrota pública, mayor desigualdad y deudas que se trasladan a las generaciones futuras.
“El estado no cuenta con una matriz de indicadores para evaluar el desempeño institucional, por lo que es imposible saber en qué se va a gastar, cuál será su destino o cuáles son las inversiones productivas que pretenden realizar”, apuntó.
Expuso que el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución federal y el artículo 5 de la Ley de Deuda Pública de Michoacán señalan que sólo se podrá contraer deuda pública cuando se destine a inversiones públicas productivas, esto es, erogaciones efectuadas en bienes y servicios públicos, modernización de infraestructura y, a valoración del Congreso del costo-beneficio en la adquisición de maquinaria, bienes o equipo que directa o indirectamente beneficien a la población.
“Hasta donde se sabe --por la opacidad del caso--, el último crédito contratado por el estado con Banco Multiva, SA, el 14 de marzo de 2013, por mil 340 millones de pesos, no fue aplicado para el financiamiento de inversiones productivas como manda la Ley de Deuda Pública del estado y el propio decreto legislativo 22”, resaltó.
A pesar de toda esta incertidumbre y desaseo, agregó Calderón Hinojosa, el titular del Ejecutivo estatal envió una iniciativa al Congreso del estado, y éste aprobó el 30 de diciembre pasado una deuda que no tiene la justificación constitucional de que el endeudamiento planteado vaya a ser ejecutado conforme a la ley.
Precisó que la legislación obliga al Ejecutivo local a que si va a endeudarse por más de 2.5 por ciento debe pedir autorización al Poder Legislativo estatal, para establecer la capacidad financiera de la entidad, formas de pago y destino del dinero.
“Claro que quiero apoyar al gobierno de mi estado y que éste camine en 2016, pero no podemos actuar con irresponsabilidad; es necesario, para resolver su problemática, que en todo momento se respete el Estado de derecho; quien hace la ley no puede violentarla”, concluyó la senadora de Acción Nacional.