La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, Gabriela Cuevas Barron, advirtió que México y los países de Centroamérica enfrentan el desafío de establecer un plan de acción regional para la debida atención de los niños migrantes.
En este plan de acción, planteó, deben integrarse el principio del interés superior de la infancia; y promover medidas como la reunificación familiar; garantizar el debido proceso; no detención ni deportación; garantizar derechos para comunicarse en su lengua y tener representación legal.
Al presentar dicha propuesta durante el foro “Diálogo Interparlamentario México-Ecuador”, la senadora Cuevas Barron apuntó que se requiere de la modernización de acuerdos internacionales, crear mecanismos para identificar necesidades especiales de protección, implementar programas de reintegración, y crear un sistema de información de carácter regional.
El objetivo es atender las fallas que se registran en la atención a estos menores, pese al impulso de nuevas legislaciones en cada país: “Algo estamos haciendo mal como región en Centroamérica y México, que los flujos migratorios aumentan todos los días”, reconoció al referir que, en los primeros cinco meses de 2014, en nuestro país se detuvieron ocho mil infantes provenientes de naciones centroamericanas; en el mismo lapso de 2015, la cifra se incrementó a 40 por ciento, al detenerse a más de 11 mil 800.
En el aspecto de las edades de estas niñas, niños y adolescentes, puntualizó la senadora del Partido Acción Nacional, las cifras resultan más desgarradoras, pues de 2010 a 2013 el grupo de 12 a 17 años concentraba el 80 por ciento de los menores migrantes, en 2014 descendió a 63 por ciento, esto indica que el número de infantes migrantes de entre 0 y 12 años, pasó del 20 al 40 por ciento.
Lo anterior resulta de mayor preocupación, indicó, si se considera que enfrentan una gran discriminación, “sorprende saber que siete de cada 10 personas consideran que los migrantes provocan divisiones en sus comunidades, y 26 por ciento no está dispuesto a que una persona extranjera viva en su casa”, acorde a una encuesta de Conapred.
A lo anterior se suma la vulnerabilidad que padecen a actos de violencia, en especial por la dispersión de rutas a zonas de mayor riesgo que siguen para evitar los programas de las autoridades de migración, por lo que “no es de extrañar que el Comité de Naciones Unidas hizo un llamado a México para evitar asesinatos, secuestros, desapariciones, violencia sexual, explotación y abuso de menores migrantes”, apuntó Cuevas Barron.
Lo anterior no obstante que en 2011 se modificó la Ley de Migración para que no se criminalizara más a los migrantes; sin embargo, aseguró la legisladora, no se ha cumplido cabalmente y sólo se recurrieron a cambios menores, como sustituir la palabra cárcel con el eufemismo “estación migratoria”, donde las instalaciones supuestamente administradas por el DIF se caracterizan por tener cuartos donde pernoctan los infantes, encerrados, sin condiciones mínimas de sanidad y con un gran hacinamiento.