La Cámara de Diputados aprobó reformas al primer párrafo del artículo 25 de la Ley General de Educación, para que el presupuesto y/o recursos destinados al sector no sean menores, en términos reales, al asignado en el ejercicio fiscal anterior.
En el dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos se precisa que debido a las deficiencias y a los problemas existentes en el ramo, implica la necesidad de destinar mayores recursos, a efecto de incrementar las oportunidades de los niños y jóvenes que aún no pueden incorporarse al sistema.
Se añade que hay necesidad de recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura educativa, los salarios de los docentes, los programas de capacitación y actualización, así como para los apoyos de los niños y de los jóvenes que presentan amplias desventajas socioeconómicas.
En México, se destaca en el documento, la mayor parte del gasto nacional en educación se aplica a salarios (93.6 por ciento), destinando sólo 6.4 por ciento al gasto de capital para aplicarlo al mejoramiento de la infraestructura indispensable para el proceso educativo.
Se menciona que el gasto público en educación, como porcentaje del PIB, se encuentra casi 50 por ciento por debajo de lo establecido en la Ley General de Educación. El gasto público en el sector para 2006 fue de 3.44 por ciento del PIB; en 2007, de 3.48; en 2008, de 3.56; y en 2010, de 3.80.
“Durante los últimos cinco años el gasto educativo no ha mostrado un crecimiento significativo: presenta casi nulo crecimiento”, se precisa en el dictamen.
Se indica que pese a la voluntad que ha mostrado el Poder Legislativo para incrementar los recursos del sector público, es urgente encontrar mecanismos que sean respetados por quienes tienen injerencia directa en la determinación del presupuesto educativo.