Por unanimidad, el Senado aprobó el dictamen que expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de que el Estado implemente medidas de prevención que garanticen la vida y seguridad de quienes se dedican a esas actividades y se encuentren en situación de riesgo.
Asimismo, creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que será operado por la Secretaría de Gobernación e integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional.
En este sentido, los legisladores precisaron que será la Junta de Gobierno la instancia máxima y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de esas personas.
Además, dejaron en claro que una vez definidas las medidas de protección por parte de la Unidad de Evaluación de Riesgos, la Junta tendrá 72 horas para comunicar los acuerdos y resoluciones a las autoridades correspondientes y un plazo de 30 días naturales para implementarlas.
Dichas medidas deberán “reducir al máximo la exposición al riesgo, serán idóneas, eficaces y temporales, podrán ser individuales o colectivas y acordes con las mejores metodologías, estándares internacionales y buenas prácticas”.
En ningún caso --subrayaron-- se restringirán las actividades de los beneficiarios, ni implicarán vigilancia o intrusiones no deseadas en sus vidas laborales o personales.
Las tareas de protección incluirán entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital, instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una persona, chalecos antibalas, detector de metales y autos blindados.
También, se instituye un Fondo, cuyo objetivo será obtener recursos económicos adicionales a los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que se destinarán exclusivamente para la implementación y operación de las medidas preventivas y urgentes de protección.
Durante la discusión del proyecto, los senadores guardaron un minuto de silencio en memoria de los periodistas y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en el país por ejercer su labor.
Manifestaron su preocupación, ya que en los últimos años México se ha convertido en uno de los países en donde se dificulta más el ejercicio de esas dos actividades, que son “torales y derechos fundamentales que deben estar garantizados”.
En el documento avalado se menciona que diversos organismos internacionales han señalado a nuestro país como peligroso para la defensa de los derechos humanos por las constantes amenazas, acoso e intimidación que enfrenta este sector.
Ello, se indica, se debe a factores como el incremento de la violencia, la falta de reconocimiento al trabajo que realizan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como a los niveles altos de impunidad.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que de enero de 2005 a mayo de 2011, ha iniciado 523 expedientes y solicitado 156 medidas cautelares, lo que ha generado 33 recomendaciones y un informe especial.