*Sin denunciar el 87 por ciento de los ilícitos en el país
*El 7.5 por ciento de las víctimas paga extorsión
*Ha sufrido un atraco 37.4 por ciento de los negocios
*El costo del delito a los hogares mexicanos es de 215 mil millones de pesos
Ante la Comisión de Seguridad Pública, funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dieron a conocer que el delito más común en México es el asalto en la calle y en el transporte público con un 28.6 por ciento y se comete con un arma en un 50 por ciento.
En la reunión de trabajo, a la que asistió el titular del Inegi, Eduardo Sojo, los diputados conocieron la situación del crimen en México que arrojaron las encuestas del Subsistema de Información de Gobierno, Seguridad Pública y de Impartición de Justicia de ese Instituto.
El funcionario explicó que la creación del Subsistema de Información de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia se realizó luego de considerar que la información en la materia era tan relevante como la económica, demográfica y social.
Destacó que el subsistema cuenta con comités técnicos especializados que tienen como objetivo acordar los conceptos, definiciones, catálogos y clasificaciones para que la información que se genere sea consistente.
Detalló que el Comité de Información de Gobierno lo preside la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el de Impartición de Justicia lo preside la Consejería Jurídica del Poder Judicial; el de Prevención Social de la Violencia, el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián.
El presidente del Subsistema de Información de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia del Inegi, Mario Palma Rojo, afirmó que el delito más común en México es el asalto en la calle y en el transporte público con un 28.6 por ciento, además de que es el que más daña a la población, porque el 50 por ciento se comete con un arma.
Indicó que el segundo es la extorsión; el 7.5 por ciento de las víctimas termina pagándola y en general el costo del delito a los hogares mexicanos es de 215 mil millones de pesos.
Asimismo señaló que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública arrojó que el delito menos denunciado es el de la violencia de género.
Esta encuesta se llevó a cabo en 95 mil hogares y concluyó que el 27 por ciento de la población adulta fue víctima de algún delito en 2012. “Teniendo una tasa de 1.3 delitos por víctima, nos da un total de 27 millones delitos, hay un aumento en 2012 en relación al 2011 y 2010”, dijo.
También informó que el 87 por ciento de los delitos no fueron denunciados y de los que sí, sólo una proporción provocó una investigación previa, por lo que “la cifra negra se calcula en 92.1 por ciento”.
El funcionario explicó que la Encuesta de Victimización en las empresas arrojó que el 37.4 por ciento de las 27 mil unidades económicas fueron víctimas de un delito en 2011, es decir, 3.1 de los negocios han sufrido uno, y el costo que les genera es de 2.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Señaló que el delito más frecuente que sufre la micro y pequeña empresa son los actos de corrupción y las grandes compañías sufren el robo de mercancía.
“Tenemos un poco más baja la cifra negra, aquí es de 88.1 por ciento, pero también es muy alta; es un poco más baja en el caso de las empresas grandes, y es lógico, porque tienen despachos de abogados”, dijo.
Mario Palma aclaró que desde hace apenas cinco años, el Inegi mide la información en la materia y para avanzar más consideró importante trabajar en coordinación con los gobiernos de los estados, los procuradores y los presidentes de tribunales de justica.
“Es importante esta información para considerar la situación del crimen en México, que nada más se puede conocer, al final, por este efecto”, dijo.
En su turno, Eduardo Sojo Garza-Aldape y Mario Palma Rojo destacaron que los ejercicios estadísticos deben ser empleados para configurar las políticas públicas; de lo contrario, son “sólo un ejercicio académico y estéril”.
Detallaron que hace seis años, las autoridades no estaban acostumbradas a proporcionar datos en materia de seguridad pública; empero, hoy en día “no existe una sola entidad que se niegue a hacerlo”.
“Fue un proceso lento, pero se ha logrado obtener buena respuesta de todas las autoridades. Ya hay conciencia de la importancia de dar esta información por parte de los procuradores y autoridades de justicia”, añadió Palma Rojo.
En consecuencia, detallaron que ya se cuenta desde hace año y medio con estadísticas respecto al feminicidio, algo que había tardado en obtenerse dado el retraso en las legislaciones de los estados y la falta de procedimientos adecuados en los Ministerios Públicos.
Por otra parte, continuaron se ha trabajado en la clasificación estadística de los delitos y en el entrenamiento para su interpretación, con la finalidad de que exista mejor comunicación entre instituciones que al final “necesitan datos, pero también usarlos bien”.
De la relación entre el Poder Legislativo y el Inegi, instaron a los diputados a trabajar en la modernización de los registros administrativos, ya que se ampliaría la visión de en dónde se encuentran, por ejemplo, los beneficiarios de los programas sociales, además de que ayudaría a tomar decisiones más fácilmente en las legislaciones.
Explicaron que se tiene una estrecha relación con el Coneval en la medición de la pobreza en estados y municipios, para que la instancia pueda hacer sus trabajos de manera adecuada.
Sin embargo, señaló Sojo Garza-Aldape, “el tema de la asignación de los programas públicos es más profundo. Se debe trabajar en los padrones, para así obtener información del impacto en los beneficiarios”.
Respecto a la información penitenciaria, explicaron que se tiene la información del número de reos, cuántos entran y cuántos salen, dejando a otras instituciones las encuestas en la parte psicológica y de motivos. “Aunque este aspecto se puede desarrollar más, se cuenta con buena información”, sostuvieron.
Asimismo, comentaron que ya se pregunta en los estados y municipios acerca de los juicios orales, a petición de los tribunales superiores, además de que se compara el nivel de avance que hay en cada entidad respecto al mando único, algo que con las encuestas de prevención de la delincuencia podrá conocerse aún mejor.
Por lo que respecta al robo a transporte, subrayaron que gracias a las encuestas en materia empresarial, se posee información concreta, aunque consideraron que el mejoramiento de los datos administrativos, también en este caso, haría más fácil registrar los lugares en donde se lleva a cabo el ilicito.
Por otra parte, explicaron que ya se solicita a los ciudadanos información para prevenir la delincuencia, como el tipo de ilícitos más comunes en sus comunidades, al igual que la percepción de estos respecto a campañas contra el delito, implementación de programas sociales extorsión, entre otros tópicos que inciden en la promoción de la denuncia y la definición de políticas públicas necesarias.