“México vive un clima de violencia en donde las autoridades y la delincuencia organizada han hostigado, amenazado y atacado a las casas y albergues de migrantes en todo el país”, denunció el senador Rubén Fernando Velázquez López.
Esto ocurrió el miércoles pasado en la sesión pública ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde los diputados federales y senadores que la integran, condenaron de manera conjunta y oficial las agresiones y amenazas de muerte en contra del padre Alejandro Solalinde y todos aquellos defensores de los derechos humanos, por lo que hizo un exhorto a la Procuraduría de Justicia de Oaxaca y a la PGR a realizar una investigación amplia sobre estos hechos.
La propuesta aprobada por el Pleno de la Comisión Permanente fue impulsada por el senador del PRD, Rubén Fernando Velázquez López, quien exhortó además al gobierno federal a cumplir “de forma total e integral” con las medidas cautelares a favor del padre Solalinde, que fueron solicitadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El senador por Chiapas también se expresó a favor de que “las autoridades de los tres órdenes de gobierno desarrollen y operen medidas necesarias para detener la xenofobia y agresiones en contra de las personas migrantes y sus defensores”.
Rubén Velázquez López el trabajo social que desarrolla la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, al que pertenece el padre Alejandro Solalinde, “se realiza tristemente dentro de un contexto de violencia en donde las autoridades y la delincuencia organizada han hostigado, amenazado y atacado a las casas y albergues de migrantes en todo el país”.
“El principal riesgo de los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes se relaciona con la denuncia de las actividades del crimen organizado, porque existe en ocasiones complicidad entre las autoridades y el crimen organizado”, dijo.
El legislador del PRD señaló que entre 2004 y 2011 los defensores de derechos humanos sufrieron unas 50 acciones de hostigamiento, amenazas, criminalización y ataques por parte de diversos agentes estatales y no estatales de persecución.
“Desde finales del 2007, grupos de la delincuencia organizada se han adueñado de las comunidades por donde transitan las personas migrantes para perpetrar secuestros y extorsiones de manera sistemática”, añadió.
Rubén Fernando Velázquez López informó que, de acuerdo a la Comisión nacional de Derechos Humanos, en 2009 que en un periodo de seis meses se cometieron casi 10 mil secuestros contra migrantes a lo largo del país, “por lo que se puede afirmar que es un delito sistemático y generalizado contra esta población”.
Afirmó que “el clima de violencia en contra de los migrantes del albergue y del padre Solalinde no ha parado en ciudad Ixtepec, Oaxaca, las autoridades no han sido capaces de frenar las agresiones contra los migrantes ni contra los defensores de éstos”.
Con este tipo de acciones, dijo, México está desprotegido y tiene menos credibilidad como Estado de derecho al no permitir el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos.