La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución para que las autoridades federales puedan conocer los delitos contra periodistas, que tengan por propósito impedir, limitar o menoscabar el ejercicio de las libertades de información, expresión e imprenta.
El documento que reforma el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será analizado en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia el próximo jueves, 27 de octubre, para su discusión posterior en el Pleno de la Cámara de Diputados.
El documento establece que el objetivo es evitar la impunidad en este tipo de ilícitos y dar cumplimiento a los compromisos internacionales en cuanto al reconocimiento y la protección de los derechos.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que la iniciativa ayudará a la difícil situación que están viviendo los periodistas mexicanos.
Resaltó que el Informe de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomiendan al gobierno mexicano que avance en la federalización de este delito, a fin de otorgar mayores garantías a los trabajadores de los medios de comunicación.
El Informe titulado La libertad de expresión en México, señala que entre el año 2000 y 2010 han sido asesinados 66 periodistas, 12 están desaparecidos y en el transcurso del 2011 han sido ejecutados trece.
El legislador señaló que hay preocupación en el ámbito nacional e internacional, así como un reclamo de los trabajadores de los medios de comunicación para que se les otorguen mayores garantías, federalizar el delito y permitir la atracción de la autoridad federal en su investigación.
Por su parte, el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga dijo que vale la pena analizar dicha reforma con detalle, porque se estaría debilitando el pacto federal, sobre todo cuando el discurso del gobierno federal es la corresponsabilidad de los órganos del gobierno.
El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas precisó que los resultados han sido mínimos en el esclarecimiento de los delitos contra periodistas “por lo que la modificación coadyuva el trabajo de las fiscalías estatales junto con el de la Procuraduría General de la República para dar más herramientas, ya que no es sólo el delito como tal, sino que se censura una voz crítica que denuncia al crimen organizado o la mafia”, afirmó.
El secretario de la comisión, diputado Jaime Fernando Cárdenas, precisó que hay deficiencias jurídicas en las procuradurías de los estados, ya que no investigan cuando hay delitos de homicidio; no hay consignación a nivel estatal, lo que hace que estos ilícitos queden en la impunidad.
El legislador Nazario Norberto Sánchez dijo que la norma no violenta ni transfiere división de poderes, por lo que su contenido y alcance integra el orden jurídico constitucional. “Es una reforma que los periodistas y medios de comunicación están esperando”, apuntó.
En su intervención el diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del PRI, señaló que el periodismo es considerado una actividad peligrosa en nuestro país, por lo que es una obligación garantizar seguridad a quienes la ejercen.
El dictamen establece que las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando estos tengan relación con delitos federales o delitos contra los periodistas, que tengan por propósito impedir, limitar o menoscabar el ejercicio de información, expresión e imprenta.