Basta que el dinero del pueblo se lo gaste el Gobierno para beneficiar a los funcionarios públicos, exigió la senadora priísta María Cristina Díaz Salazar y denunció, sin dar nombres, que algunos medios de comunicación ejercen presión para obtener prebendas e incidir sin el menor reparo en los procesos democráticos del país.Y dijo: En un México donde la democracia se ha perfeccionado, ya no cabe la libertad de prensa condicionada y deben respetarse las líneas editoriales sin discriminación". Aquí sus palabras textuales:
“El GPPRI, con el respaldo del PVEM, presentó la iniciativa de Ley de Propaganda Institucional, que busca evitar la malversación de recursos públicos para campañas de autoelogio y acabar con la complicidad entre gobiernos o candidatos con los medios de comunicación, para promover su imagen a expensas del erario.
Una asignatura pendiente para México es la regulación de la propaganda gubernamental, que ha servido de instrumento a muchos funcionarios faltos de ética para posicionarse por ambiciones individuales, para ejercer presión sobre medios de comunicación o, incluso, para incidir sin el menor reparo en los procesos democráticos del país.
Por ello presentamos la propuesta ante el Pleno del Senado y en mi calidad de presidenta de la Comisión de Gobernación advierto que en un México donde la democracia se ha perfeccionado, ya no cabe la libertad de prensa condicionada; deben respetarse las líneas editoriales sin discriminación.
El PRI quiere contiendas electorales en las que no haya privilegios ni superioridad para los gobiernos en turno, sino responsabilidad con los ciudadanos y respeto a los medios de comunicación, cualquiera que sea su línea editorial y queremos piso parejo para todos los partidos y sus candidatos, así como transparencia en el uso de los recursos.
La iniciativa plantea que la propaganda deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Su contenido deberá respetar el principio de imparcialidad y no podrá estar dirigido a influir en la equidad de la competencia electoral entre partidos políticos, precandidatos y candidatos.
También, determina que los criterios que deberá cumplir el gasto que realicen los entes públicos para la difusión de la propaganda son: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, además de que debe respetar los montos, límites y condiciones de ejercicio que establezcan anualmente los presupuestos de egresos respectivos.
Un aspecto a destacar es que crea el Comité de Revisión de la Propaganda Institucional del Instituto Nacional Electoral, que estará integrado por tres consejeros electorales designados por el Consejo General del Instituto, por un periodo de tres años.
Además, faculta a la Auditoría Superior de la Federación, o sus equivalentes en las entidades federativas, para llevar a cabo la revisión y fiscalización de los recursos públicos en materia de propaganda institucional.
De igual forma, garantiza que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve, estableciendo para ello una serie de infracciones y los mecanismos para su revisión".