El diputado federal Víctor Manuel Bautista López presentó una iniciativa para tipificar los actos de corrupción y soborno a funcionarios públicos que cometan empresas internacionales para obtener licencias, permisos o dictámenes a favor y beneficiarse de ellos.
Esta práctica quedaría prohibida en la Ley de Inversión Extranjera, y fijaría una multa a quien la lleve a cabo de “hasta por el doble del importe de la operación realizada al amparo de la acción fraudulenta”, plantea el perredista en su documento.
También considera modificaciones a la Ley del Mercado de Valores, para que se culpe de deslealtad, frente a la sociedad, a los miembros y al secretario del consejo de administración de las sociedades anónimas bursátiles “cuando autoricen presupuestos o informes financieros que incluyan recursos destinados a fomentar prácticas de corrupción en funcionarios públicos”.
La propuesta del legislador mexiquense señala que medios internacionales, como The New York Times, han sacado a la luz hechos de corrupción, con información bien sustentada, donde se involucra a funcionarios de corporativos extranjeros.
Por ejemplo, ese diario reveló que la cadena de tiendas Walmart sobornó a servidores públicos. Caso concreto, dice, ocurrió en el municipio de Teotihuacán, Estado de México, donde las investigaciones concluyeron el uso de sobornos para agilizar los trámites que permitieron instalar una tienda comercial de esta cadena en la localidad, lo cual estaba restringido por la legislación de la entidad.
Se ha demostrado “la activa participación de los más altos mandos de ese corporativo comercial en nuestro país y en el extranjero, la asignación permanente de recursos en su presupuesto de funcionamiento para la comisión de estas conductas y las nulas consecuencias a dichos actos”, apunta Bautista López.
Detalla que los hechos de soborno y corrupción, financiados y auspiciados por el consorcio internacional, tienden a obtener licencias, permisos, dictámenes de impacto ambiental e incluso modificaciones a planes de desarrollo urbano.
“Con esto se afecta el desempeño honrado de los funcionarios, lo que debilita la vigencia del Estado de derecho en su conjunto y tiene como consecuencia la afectación de la soberanía nacional, elementos que forman parte de los principios constitucionalmente definidos”, sostiene el perredista.
Asimismo, subraya que las empresas extranjeras recurren a otras prácticas para enfrentar a los críticos de sus acciones indebidas, como comprar el apoyo de autoridades auxiliares y grupos sociales para respaldar proyectos y se opongan, “incluso a través de enfrentamientos físicos, a las protestas de los ciudadanos que ejercen su derecho al denunciar los actos de corrupción”.
Por ello, en la Ley de Inversión Extranjera también se plantearía que los inversionistas “se abstendrán de realizar o apoyar a terceros para la comisión de actos que limiten, obstaculicen o entorpezcan el ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos o clases sociales”.
A los infractores, se les revocarán las autorizaciones otorgadas por la Comisión Nacional de Inversiones, propone la iniciativa.
De acuerdo a Bautista López, se otorgará plena certidumbre a la inversión extranjera de que en este país se le reconoce y se le protege, y que las instituciones públicas fomentan la adopción de medidas que garantizan plenamente su establecimiento, su desarrollo y sus ganancias, como el imperio de la ley, el efectivo combate a la corrupción y la estabilidad en el funcionamiento de dichas instituciones.
Por otra parte, destaca, se busca dejar en claro “que la posibilidad de incurrir en prácticas de corrupción genera un efecto perverso en las empresas al encarecer las propias inversiones y sobre el Estado en su conjunto, al debilitar a las instituciones democráticas y erosionar las condiciones de competitividad”.