La Comisión de Asuntos Migratorios se reunirá con la Secretaría de Gobernación (Segob) para conocer el motivo por el que no se han pagado los 500 millones de pesos del Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964) correspondientes al 2012, y analizar la viabilidad de crear otro fondo para indemnizar a todos los exbraceros, aproximadamente unos 50 mil.
La diputada Amalia Dolores García Medina, presidenta de la Comisión, explicó que de acuerdo con información de la Segob, a julio de 2013 había 500 millones de pesos sin ejercer en el fideicomiso y que de 10 mil exbraceros que habían llenado todos los requisitos y las exigencias de la dependencia para que se les pagara, sólo se les ha indemnizado a 800.
“Es inadmisible que haya esa lentitud; por lo que acordamos en forma unánime hacer una nueva reunión en la Segob, donde demandaremos que firmen un compromiso, con plazos, tiempos y modalidades de lugares en las que se entregará ese recurso a los ex braceros que hayan cumplido los requisitos. El dinero está ahí, no hay ninguna justificación”, subrayó.
Precisó que esos recursos corresponden a 2012; sin embargo, se ampliaron los plazos para la entrega, de tal manera que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año “no se aprobó un solo centavo”, con el argumento de que no se ejercieron los del año anterior.
Subrayó que es inaceptable y sostuvo: “queremos que la dependencia ejecutora, que es la Segob, los entregue. Tiene que hacerlo”.
Explicó que se ha planteado la creación de un nuevo fideicomiso que abarque alrededor de 40 mil ex braceros que tienen más del 90 por ciento de los requisitos "y que es claro que lo son”.
“Ellos aportaron dinero personal a un fondo que después desapareció. Es su dinero, no se trata de una concesión, de un asunto de buena voluntad de las dependencias gubernamentales ni del Congreso”, apuntó.
Expresó que en la Cámara de Diputados se aprobó la creación de ese fideicomiso hace algunas legislaturas, pero “lo que nosotros planteamos es que esta Legislatura apruebe nuevamente un recurso para entregarlo a los ex-braceros”.
Explicó que unos 40 mil cumplirían con la mayor parte de los requisitos y 10 mil los que cumplieron al 100 por y podrían recibir este año el recurso económico. Es decir “son 50 mil adultos mayores en condiciones económicas muy precarias y por ello la urgencia de que se entregue”, enfatizó.
Por otra parte, durante la reunión, se emitió una opinión favorable para crear en el Presupuesto de Egresos de la Federación un anexo específico para programas de atención y apoyo a migrantes.
La diputada García Medina señaló que existe un acuerdo del gobierno mexicano, contenido en el Plan Nacional de Desarrollo, para trabajar de manera transversal los programas, acciones y recursos para migrantes, lo cual coincide con la recomendación 23 de la Alianza Mundial por los Gobiernos Abiertos que establece la pertinencia de que todos los recursos destinados a grupos vulnerables y la protección de sus derechos humanos, estén perfectamente ordenados en los presupuestos para darles seguimiento.
“Es crucial, se trata de la conformación de un anexo en el Presupuesto de Egresos donde se detallen las dependencias ejecutoras, qué programas y qué montos se destinan para los migrantes y sus familias”, destacó.
Señaló que la conformación de dicho anexo permitirá la evaluación continua de cada uno de los 89 programas detectados, aunque, sostuvo, “creemos que hay más”.
Por ejemplo, dijo, el Banco de México tiene un programa de recursos destinados a migrantes; el IFE otro, que tienen que ver con el voto de los migrantes en el exterior; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, un proyecto para atención de indígenas desplazados, que es parte del fenómeno migratorio; en el Instituto Mexicano del Seguro Social hay un seguro de salud para mexicanos en el extranjero; Sedesol, el Programa 3X1, y Relaciones Exteriores, entre otras.
“Hay 89 programas que tienen que ver con los migrantes y sus familias, de manera que, si se conforma un anexo, permitirá la evaluación continua”, subrayó.
García Medina aseguró que el propósito no es solamente evaluar, sino fiscalizar y garantizar que no haya subejercicios y ver la pertinencia o no de determinados montos y programas para los migrantes.