Intentona de diputados

El diputado federal José Francisco Coronato Rodríguez presentó iniciativa de ley con el objetivo elevar a rango constitucional la obligación del Estado para garantizar la participación ciudadana en los programas de gobierno por medio de los consejos ciudadanos.

La iniciativa de ley señala que se busca garantizar una vinculación activa y permanente con la sociedad organizada, ampliando los espacios para que la ciudadanía participe en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas, planes, programas, proyectos y gasto públicos.

“La participación ciudadana mediante consejos ciudadanos alentaría el involucramiento de los individuos en el espacio público estatal y no estatal desde su identidad de ciudadanos, es decir, de integrantes de una comunidad política”, explicó.

En su argumentación, el diputado federal por Morelos dijo que los consejos ciudadanos constituyen uno de los instrumentos más utilizados en gran cantidad de países para formalizar la intervención de actores no gubernamentales en asuntos públicos, ya sea de gobiernos nacionales, estatales o municipales.

Señaló además, que el diseño institucional de los consejos puede ofrecer diferentes posibilidades, todas relacionadas con el grado de democratización del régimen y de la sociedad, con el tipo de ciudadanía que se pretende construir.

“La participación ciudadana debe cobrar cada vez mayor injerencia en los procesos de políticas públicas porque constituye un elemento fundamental y condición de posibilidad para la gobernanza democrática y puede llegar a constituir un mecanismo de empoderamiento social.

La construcción de una gobernanza democrática demanda la participación de ciudadanos dialogantes y solidarios, más que individuos ocupados en maximizar su propio interés. Urge, por tanto impulsar la intervención a la vez crítica, vigilante y cooperadora de los ciudadanos en la gestión pública, para orientar las prácticas gubernamentales hacia el bienestar colectivo”, aseguró.

De aprobarse la presente iniciativa, reformaría los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.