Con el propósito de que se adicione una variante en materia de indulto presidencial para hacer justicia en aquellos casos en que las violaciones procesales sean tales que impidan a la persona sentenciada defenderse, sin que ello signifique una forma de obtener impunidad, un grupo plural de senadores, en voz de Javier Corral, presentó una iniciativa para adicionar un artículo 97 bis al Código Penal Federal.
En dicha propuesta se establece que el Ejecutivo Federal sólo pueda otorgar este beneficio cuando alguno de los otros dos poderes federales o cualquiera de las cámaras del Congreso así lo soliciten al Presidente de la República, esto en seguimiento al artículo 4 de la Ley de Amparo que ya fue aprobada.
Al hacer uso de la tribuna parlamentaria para presentar la iniciativa, Corral aseguró que el sistema de justicia en nuestro país tiene un hueco enorme por el que inocentes son privados injustamente de su libertad, además de que “nada lastima tanto la credibilidad de las instituciones como los casos en los que se demuestra que inocentes están en la cárcel”.
El legislador chihuahuense señaló que no existen datos certeros sobre cuántas causas penales existen en el país en las que la violación al debido proceso y al derecho a la adecuada defensa han concluido con condenas injustas, irreversibles e inimpugnables mediante las vías legales vigentes, pero el incremento de los casos que son sometidos a los organismos locales, nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos (Corte Interamericana, CNDH), así como sus innumerables recomendaciones, “son una infortunada referencia que no podemos soslayar”.
En ese sentido, se refirió a diversos casos como el de las tres mujeres otomíes, Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, en el estado de Querétaro, quienes después de haber cumplido tres de los 21 años de condena que les fue injustamente impuesta, en el año 2009 la propia Procuraduría General de la República admitió su equivocación al ejercer la acción penal y fueron liberadas.
Asimismo, recordó el del poeta Sergio Witz en Campeche, quien fue sujeto a una causa penal federal por un delito que en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió un debate sobre si es justo castigar a una persona por escribir un poema.
Pero uno de los casos más emblemático y más crueles, dijo, “tal vez es el del profesor Alberto Patishtan Gómez, quien aún cumple una condena de 60 años, de los cuales lleva 13 recluido, por delitos federales que, de acuerdo con la defensa y una interminable lista de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, no fueron debidamente probados ante el juzgador, existiendo violaciones graves a su derecho a la adecuada defensa y al debido proceso que toda persona debe gozar en este país”.
Corral aseguró que con esta adición legal “se construirá el andamiaje jurídico para que en todos los casos en que existan este tipo de violaciones a los derechos humanos de una persona sujeta a proceso penal puedan ser revisados y, en su caso, beneficiados con esta modalidad de indulto y con ello coadyuvar en la construcción de un régimen jurídico mucho más justo que evite que las asimetrías económicas, políticas o sociales, no sean una justificación para tener culpables fabricados en los centros de reinserción social de la federación”.