*Acusa el Senado

El Senado de la República aprobó regular las facultades del Poder Ejecutivo en materia de comercio exterior, para que sea obligación de éste notificar al Congreso de la Unión sobre las consecuencias y logros alcanzados con las medidas arancelarias y no arancelarias que se decreten.

El senador Antonio Mejía Haro explicó que la facultad originaria de atender temas de comercio pertenece al Congreso, pero el artículo 131 constitucional permite a los legisladores delegar en el Presidente de la República las atribuciones para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación.

Y aunque es indispensable que las cámaras del Congreso conozcan cuáles son los beneficios para el país por las decisiones que adopte el gobierno, esto regularmente no ocurre.

Por ello la Cámara de Senadores aprobó que en materia de comercio exterior el jefe del Ejecutivo cumpla puntualmente con esa obligación, porque “México se ha abierto al mundo de manera acelerada, unilateral y en muchos casos desventajosa y en perjuicio de sus sectores. Bajo el síndrome de trataditis, actualmente se negocian, a espaldas de los sectores, nuevos acuerdos de libre comercio con Panamá, Perú y Corea”.

Como resultado de esas decisiones unilaterales, los resultados para el país no han sido favorables, el ingreso per cápita sólo ha crecido a una tasa modesta y la reducción de la pobreza constituye un desafío.

La reforma artículo cuarto bis a la Ley de Comercio Exterior, explica que el Congreso debe evaluar la conveniencia de convalidar los actos del Ejecutivo y verificar cuál es el comportamiento de los sectores productivos del país en función del impacto de intercambio comercial.

Además, considerar “la posibilidad de no ratificar la permanencia de medidas que en lugar de beneficiar a la economía nacional, obstaculicen la libre circulación de las mercancías en las que no seamos autosuficientes en su producción”.

Y que el Poder Legislativo asuma con mayor responsabilidad la función de evaluar el uso de una facultad que le es originaria, expuso.

Esta reforma plantea que será obligación del Ejecutivo federal notificar al Congreso de la Unión las medidas arancelarias y no arancelarias, que en uso de su facultad establezca.

Además, deberá exponer en el Decreto que para tal efecto expida, las razones de urgencia que justifican el establecimiento de las medidas, y presentar un informe anual que deberá incluir los resultados que se obtuvieron.