El gobierno federal, luego de más de dos años de gobierno, sigue sin contar con un diagnóstico real sobre la problemática, a todas luces grave, que se vive en materia de inseguridad y corrupción, sostuvo Manuel Huerta Ladrón de Guevara, secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
Por ello presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Atención con Dignidad a las Victimas de Desaparición Forzada.
Y acusó: “Los mexicanos, sus mujeres, hombres, niños, abuelos que han sido víctimas de la delincuencia, exigen respuesta del Estado mexicano sustentada en dos pilares: transparencia y rendición de cuentas, lo que conlleva a combatir la corrupción e impunidad que ha penetrado en todas las instancias de gobierno, y no solo en el ámbito municipal como ha diagnosticado equivocadamente la Secretaría de Gobernación”.
Indicó que derivado del ambiente de inseguridad que padecen las familias mexicanas, los gobernantes, en lugar de indignarse por la inoperancia y la complicidad de los responsables de investigar delitos, de sancionarlos o de prevenirlos, se molestan por la protesta social, por lo que es responsabilidad del Poder Legislativo responder con acciones que beneficien a las víctimas de delitos, en particular aquéllos que tienen que ver con la desaparición forzada por el crimen organizado o por alguna otra circunstancia o hecho grave que no permita saber el paradero de miles de hombres y mujeres mexicanos que han padecido las políticas erróneas de dos administraciones gubernamentales.
La emergencia para atender el tema de personas desaparecidas en México, abundó el legislador, ya no solo es por los 43 estudiantes normalistas, por lo que cabe preguntarse: ¿Cuántos desaparecidos son?, ¿qué autoridad investiga el delito?, ¿quiénes son los culpables?, y ¿por qué no hay resultados en las investigaciones de las denuncias?
“Lamentablemente estas preguntas siguen sin respuesta oficial por parte de la Procuraduría General de la República y de las Procuradurías de Justicia de las entidades de la Federación, a pesar de contarse desde 2012 con la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que tiene por objeto establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, como un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, insistió.