Carlos Alberto Burgoa Toledo, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sugirió que es indispensable mayor difusión y publicidad de la Ley de Lavado de Dinero, a fin de que su aplicación sea sencilla y se eviten confusiones.
“Esta ley presenta tintes administrativos que previenen el lavado de dinero, pero no es fiscal, ni de índole penal, por lo que para no cargar en efectivo, el crimen organizado compra en especie, joyas por ejemplo, que transportan en avión y al llegar a su destino acuden a una casa de empeño, donde dejan un porcentaje insignificante. Esa es la dinámica que utilizan”, agregó.
Ante este escenario, la diputada Cecilia González Gómez, presidenta del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, CEFP, afirmó que para garantizar la mejor implementación del marco jurídico contra el lavado de dinero en México, los legisladores tienen la responsabilidad de analizarlo en estrecha vinculación con la academia, los profesionistas y las universidades para perfeccionarlo.
Durante la clausura del foro sobre el tema, destacó la importancia de conocer y divulgar este ordenamiento, y en su momento, “tener la sensibilidad de perfeccionarlo”.
Refirió la transcendencia de conocer las propuestas y experiencias de especialistas como abogados, notarios y contadores, así como de investigadores de instituciones de educación superior sobre su implementación, con el propósito de enriquecer los elementos de juicio para mejorar la ley.
Pedro Ángel Contreras López, director general del CEFP, anunció que este foro se concentrará en un libro que editará el Centro de Estudios para apoyar la actividad de los diputados y estará a disposición de la ciudadanía.