La Primera Comisión Permanente avaló un punto de acuerdo de la senadora Pilar Ortega Martínez que solicita al Secretario de Gobernación un informe sobre la ruta crítica que se tiene planeada para la conformación de la Gendarmería Nacional así como el impacto legal que se tiene contemplado
Asimismo, el informe deberá explicar la naturaleza jurídica y el ámbito de atribuciones de la Gendarmería Nacional, así como la justificación y el fundamento legal por medio del cual se encuentran en operación los procesos de capacitación y adiestramiento de 10 mil elementos para la nueva institución de seguridad.
Ortega Martínez argumentó que el Congreso de la Unión deberá tener conocimiento de “la forma en que se pondrá en funcionamiento la Gendarmería Nacional y sobre la incidencia que tendrá sobre el marco legal que le dé vida”.
Asimismo, afirmó la senadora, lo deseable en la puesta en marcha la Gendarmería Nacional será que “cuente con una construcción jurídica sólida, confiable y estructurada, que propicie seguridad jurídica con relación al ámbito de acción de dicha institución policial”.
También se aprobó otro punto de acuerdo presentado por Ortega Martínez, mediante el cual se solicita al Secretario de Gobernación, en su carácter de Presidente del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, lleve a cabo las acciones concretas, eficientes y eficaces para impulsar e intensificar de manera ordenada el proceso de implementación del sistema de justicia penal acusatorio en todo el país, a fin de cumplir con el plazo constitucional establecido.
Como segundo resolutivo de esta proposición, se aprobó exhortar a los gobernadores de las entidades federativas en donde aún no se ha implementado el sistema de justicia penal acusatorio o se ha implementado de manera parcial, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que también impulsen e intensifiquen las acciones tendientes a dar cabal cumplimiento en tiempo y forma al proceso de implementación del sistema de justicia penal acusatorio en sus estados.
La Legisladora panista consideró que el Congreso de la Unión debe ser uno de los principales promotores y vigilantes del proceso de implementación de esta reforma y propiciar, desde el ámbito de su competencia, instrumentos o mecanismos que permitan impulsar e intensificar las acciones tendientes a dar cabal cumplimiento en tiempo y forma al proceso de implementación del sistema de justicia penal acusatorio en todo el país.
Ortega Martínez agregó que la adecuada implementación del sistema de justicia penal acusatorio constituye una obligación constitucional que deberá de ser cumplida en tiempo y forma, en beneficio de toda la ciudadanía, por ser una característica propia de un sistema democrático de derecho al se aspira en México.