El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, con 61 votos a favor, 19 en contra y cero abstenciones, el decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP´s), que se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.
Durante el debate sobre este dictamen, la senadora sin grupo parlamentario, Martha Tagle Martínez aseguró que se está aprobando que haya mayores facilidades para que se pueda seguir haciendo de algo que es público un negocio privado, es decir, hacer del bien público un negocio privado a costa de endeudar a los ciudadanos.
Dijo que, de acuerdo con especialistas, esto pervierte el proceso presupuestario y las modificaciones que se tienen que hacer en los montos y a quienes van dirigidos, no pasarán por la Cámara de Diputados, sino por la oficina del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La senadora del Grupo Parlamentario PRD, Dolores Padierna Luna, expuso que las Asociaciones Público- Privadas no privatizan empresas, organismos o entidades públicas, pero si privatizan directamente los servicios públicos que corresponden al Estado.
Aseguró que este mecanismo favorece instrumentos concentradores de la riqueza y generadores de pobreza; su principal es enriquecer al sector privado, encargándole tareas que corresponden al Estado, y con cargo al pueblo de México.
Comentó que las APP´s representan voluminosos sobrecostos, no ahorran dinero público sino todo lo contrario, toda vez que el sector público termina pagando más y está demostrado en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en cada una de las APP´s que se han firmado.
El senador Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del PRI, señaló que se establece un marco jurídico que permite la realización de estos proyectos con democracia y transparencia; “no estamos impulsando un modelo para hacer las cosas mal ni para estimular la corrupción”.
No se trata de quitar al Estado su responsabilidad ni su función como gobierno, sino de acercarle recursos que no tiene para cubrir con obras de cierta naturaleza, pero que se debe reconocer que hacen falta recursos, por lo que se necesita de estos modelos, argumentó.
El senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD, afirmó que se trata solamente de un instrumento de inversión, por lo que no se puede generalizar. El problema es la corrupción y la falta de transparencia, de una legislación que ponga orden a lo que sucede en los estados, “parece que es un instrumento para la corrupción”.
El dictamen propicia un mecanismo que no sirve porque “da la vuelta a la calificación de los proyectos, es una “vía burda de la Secretaría de Hacienda” para tener un techo adicional de endeudamiento, subrayó.
Por su parte, el senador Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que por más leyes que se hagan, “si se quieren hacer picardías, se logran, en un país, como el nuestro, que no pone en la cárcel a una serie de bandidos que todo mundo conoce”.
Comentó que se tienen que hacer las cosas con honradez, y las modificaciones a esta ley, coadyuvan con este fin, por lo que su voto sería a favor.
El senador Ernesto Cordero Arroyo, del Grupo Parlamentario del PAN, sostuvo que es falso que los proyectos APP se asignen de manera discreción o con opacidad, porque el artículo 14 exige la viabilidad técnica, jurídica, económica y financiera, un dictamen del impacto ambiental, rentabilidad social y la conveniencia de llevar a cabo un proyecto bajo el esquema de APP.
También señaló que no es cierto que se esté dando un cheque en blanco al secretario de Hacienda y Crédito Público para ejecutar proyectos, porque son las dependencias de gobierno o los órganos constitucionales autónomos los que presentan los proyectos APP, ante la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento para ser aprobados.