El Congreso de la Unión tiene el reto de que la legislación sobre consumo de mariguana establezca las bases de una nueva política contra las drogas que priorice la protección a la salud de la población y revierta la visión meramente policiaca, persecutoria y de “guerra”, que sólo ha derivado en el grave incremento de muertes por homicidio, destacó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, Angélica de la Peña Gómez.
Al moderar la mesa “Regulación en el consumo, autoproducción y derechos humanos”, de las Audiencias Públicas para las Alternativas de Regulación de la Marihuana, la senadora del Grupo Parlamentario del PRD, de la Peña Gómez, refirió que los especialistas destacaron la prioridad de que se garanticen los derechos y libertades de decisión de las personas.
Lo anterior, tras la participación de expertos como el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandro Madrazo, quien hizo énfasis en que la denominada “guerra” contra estupefacientes sólo ha criminalizado a los consumidores y ello se hace evidente en las multas por posesión de más de cinco gramos de mariguana, que van de los 435 mil pesos a los 876 mil pesos.
El 60 por ciento de los presos, agregó, corresponde a personas detenidas por delitos contra la salud, pero no se trata de grandes traficantes, “pues 28 por ciento es por posesión y 32 por ciento por transporte, es decir “mulas”. “Estamos hablando de que en el año 2012, sólo por mariguana fueron diez mil 306 presos sentenciados a nivel federal, de un total de 40 mil presos federales; o sea el grueso de los recursos se invierte en perseguir a poseedores, de los que el 41 por ciento es por posesión de este enervante con un costo de menos de 500 pesos”, informó.
Otra evidencia de lo errático en la política antidrogas, abundó, es que no hay una verdadera protección a la salud. Añadió que la expectativa de vida para los hombres de entre 15 y 50 años se redujo 0.6 por ciento entre 2005 y 2010, hasta situarse por debajo de los 72 años, y la causa principal es incremento de homicidios, particularmente los que se han registrado a partir de la guerra contra las drogas declarada en 2005.
Lo anterior, de acuerdo al informe el informe Homicides In Mexico Reversed Life Expectancy Gains For Men And Slowed Them For Women, 2000-10, realizado por especialistas de la Universidad de California y publicado en la revista Health Affaire, acotó Alejandro Madrazo, al apuntar que esta reducción en la expectativa de vida es contraria a la tendencia registrada entre 1940 y 2005, en que la expectativa de vida era superior a 70 años.
En 2010, precisó, sumaron 10 mil los homicidios derivados de la política contra las drogas, en tanto que oficialmente se reconocieron únicamente 70 fallecimientos por su consumo. Es decir, el combate al consumo de estupefacientes está equivocado, concluyó.
Luisa Conesa Labastida, abogada constitucionalista, sostuvo que son cuatro los puntos que se deben tomar en cuenta para la regulación del cannabis: la cuestión de la criminalización o seguridad pública; el recreativo; el industrial y el aspecto de la salud.
Enfatizó que cuando se habla de política de droga se exponen derechos de libertad y, cuando se toca este tema, se refiere al libre desarrollo de la personalidad, la privacidad, la autonomía, salud, seguridad pública, información y educación. Al momento de regular, consideró, se tiene que tomar todo esto en cuenta.
Resaltó que el Estado tiene que regular y para ello debe reconocer que hay muchos derechos en juego, que favorecer a uno implica desfavorecer a otros y, eso no está mal, siempre y cuando se haga dentro de los límites de la proporcionalidad.
Al abordar el tema presupuestal, dijo que se debe pensar en una reasignación de gasto, toda vez que las cifras en seguridad versus salud son impresionantes, ya que entre 2006 y 2012 el gasto en torno a la ley y el orden asciende a un total de 790 mil millones, mientras que en materias de prevención, tratamiento y derechos humanos, fue de 23 mil 679 millones durante el mismo periodo.
El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRD, se pronunció por “romper paradigmas” para elaborar una política pública bajo un enfoque de salud, de derechos y libertades. Comentó que el debate establecerá los cimientos para los diálogos relacionados con temas económicos y de producción de la cannabis.
Expresó que la salud pública, los derechos y libertades de los ciudadanos no deben estar a debate, por lo que modificar políticas públicas para el bienestar del pueblo es una responsabilidad de cada una de las cámaras del Congreso de Unión.
Zara Snapp, de la Comisión Global sobre Política de Drogas, consideró urgente la regulación en México para extender a todos los ciudadanos el derecho de cultivar marihuana para su consumo personal, pues sería “injusto” que sólo cuatro personas cuenten con esta garantía y los demás no, si no tiene los recursos para interponer amparos y un juicio legal.
Dijo que existe un reconocimiento general de que “la guerra contra las drogas ha fracasado”, pero también la consciencia de que se requieren cambios en la estrategia, de que se tienen las herramientas necesarias para realizarlos y lo único que hace falta es la voluntad política para lograrlos.
De lo que se trata, destacó, es de reducir los impactos negativos de la marihuana, de establecer una regulación responsable, y en este sentido la descriminalización de los consumidores es el primero paso, pero no es suficiente.
Enfatizó que en México “vemos una justificación de violaciones graves a los derechos humanos” bajo el argumento del control de drogas y el combate frontal en contra del crimen organizado, pero “no estamos controlando nada y estamos en el peor momento desde hace 10 años”.