El senador panista Fernando Yunes Márquez condenó la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, perpetrada por elementos de la policía estatal el pasado 11 de enero.
Por ello, pidió al gobierno del estado que releve de su cargo al secretario de Seguridad Pública y al fiscal general.
En su lugar, Yunes Márquez solicitó que se designe a un comisionado federal que se encargue de coordinar a todas las corporaciones federales, estatales y municipales, hasta superar la crisis que se vive en la entidad.
También, demandó que se lleve a cabo una limpieza y una reestructuración completa de las policías estatales y municipales.
En el punto de acuerdo enlistado en la gaceta de la Comisión Permanente, instó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) que envíen un informe de los avances en la investigación de este caso.
Yunes Márquez lamentó que pese a los compromisos del gobierno de Veracruz en materia de seguridad, sólo se observe una creciente ola de violencia, “lo cual habla de la incapacidad del gobernador Javier Duarte, además de sus prioridades alejadas de la sociedad veracruzana”.
Señaló que la solicitud de los padres de los jóvenes desaparecidos de que el caso sea investigado por la PGR es un ejemplo de la desconfianza en las autoridades del estado.
“Es vergonzoso e indignante que el gobernador tenga otras prioridades –como robar el patrimonio de los adultos mayores, reprimir a los periodistas y encubrir la corrupción de funcionarios estatales-- que salvaguardar la seguridad y los derechos humanos”, dijo.
Recordó que --según la PGR-- entre enero del 2014 y noviembre del 2015 en Veracruz se registraron 155 personas desaparecidas, ubicando al estado en segundo lugar, después de Guerrero, que registró poco más de 200 casos de desapariciones en el mismo periodo.
Y agregó que según la organización Causa en Común, de los 9 mil 588 policías estatales, 3 mil 819 estaban en activo a pesar de no superar las pruebas de control de confianza.
Por ello, insistió en que es urgente la intervención del Gobierno federal hasta que se haga una limpieza profunda y una reestructuración total de las policías estatales y municipales.