Durante la sesión de este viernes, diputados federales de los siete grupos parlamentarios fijaron su posicionamiento respecto al dictamen de la minuta que expide las leyes de Ingresos sobre Hidrocarburos y la del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y se reforman diversas disposiciones de la leyes Federal de Derechos, y de Coordinación Fiscal.
Previo a su aprobación en lo general, con 336 votos a favor, cero abstenciones y 114 en contra, legisladores del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza se manifestaron a favor del dictamen, al señalar que el objetivo es maximizar la renta petrolera de México y transformar a Pemex en empresa productiva del Estado y que podrá competir de forma más equitativa.
Además, afirmaron que con las reformas se convertirán en un factor de desarrollo económico para el país, que genere empleo e inversión. Se regularán los ingresos que el Estado recibirá de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.
En tanto, diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y PT, se pronunciaron en contra al considerar que el marco fiscal y presupuestal no cambió y se privilegió la privatización de Pemex y el debilitamiento de las empresas del Estado en materia energética; además las reformas energéticas determinarán en qué medida México será parte de la futura seguridad energética de Estados Unidos.
En el posicionamiento del PRI, el diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández apuntó que la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos tiene “el objetivo estratégico de maximizar la renta petrolera de México” y transformar a Pemex en empresa productiva del Estado. “La libera de la camisa de fuerza de la burocracia para que compita con otras empresas y logre una rentabilidad justa”, aseveró.
Destacó que se asegura con un doble candado los recursos participables para estados y municipios; se garantiza el derecho al reparto de utilidades de las empresas de hidrocarburos y disminuye la carga fiscal de Pemex de 68 a 65 por ciento.
Es un cambio de fondo al tratamiento de los ingresos que obtenga el Estado mexicano provenientes de los hidrocarburos, para optimizar la administración y los beneficios, a fin de distribuirla con una perspectiva de largo plazo e impulsar un desarrollo sustentado, armónico y equilibrado de las entidades.
A nombre del PAN, el diputado Ricardo Villarreal García sostuvo que este nuevo régimen fiscal es uno de los elementos clave para que Pemex compita de forma más equitativa; elimina tres de los seis derechos aplicables actualmente a esta empresa del Estado.
Destacó que los profundos cambios fiscales y la nueva autonomía presupuestal acabarán con las concesiones, las prebendas y los malos manejos del sindicato. Se establece un cerco fiscal que no permitirá que las empresas deduzcan pérdidas o gastos derivados de negocios distintos a los contratos obtenidos con el Estado mexicano. “Se garantizará el pago de dichas contraprestaciones e impuestos, evitando su evasión”, apuntó.
La propuesta de cambiar el contrato colectivo de trabajo de Pemex por uno de vanguardia acorde con la realidad de cualquier empresa de calidad mundial, la convertirán en una empresa competitiva que pueda invertir parte de sus utilidades en su modernización, en equipo y en la tecnología necesarias para adecuarse al nuevo modelo emprendido en esta magna reforma energética.
Por el PRD, el diputado Fernando Cuéllar Reyes adelantó su voto en contra del nuevo marco fiscal y presupuestal, porque “el modelo no cambió. Se privilegió la privatización de Pemex y el debilitamiento de las empresas del Estado en materia energética”. ¿Cómo decimos a los ciudadanos que estamos aniquilando las empresas más importantes?, cuestionó.
Sostuvo que “no hay cambios. Hay dos modelos de desarrollo que son antagónicos con dos visiones de país, de Estado y de desarrollo”: uno, privilegia el saqueo y la explotación de la riqueza nacional, y otro, pretende recuperar la rectoría del Estado y tener empresas estatales fuertes. “No se fue a fondo con estas decisiones”.
Resaltó que su postura es defender y mantener la soberanía energética. La izquierda ayuda, nutre y, equilibra, pero “no podemos avalar una reforma que va en retroceso y que es contradictoria al propio espíritu de las reformas estructurales que se han impulsado”, aseguró.
Del PVEM, el diputado Tomás Torres Mercado manifestó su voto a favor del dictamen, “con miras a contribuir en el mediano y largo plazo a la estabilidad y al desarrollo nacional”.
Reconoció que el crecimiento de México, por lo menos en las dos últimas décadas, ha sido mediocre, de alrededor del 2 por ciento. “Estados y municipios con deuda reclamando siempre a la Federación mayores recursos para hacer frente a una situación de déficit de municipios y de estados”.
Por ello, destacó que las reformas son una gran apuesta no al crecimiento de las plantillas laborales de Comisión Federal de Electricidad o de Pemex, sino que se conviertan en un factor de desarrollo económico para el país, que genere empleo, inversión y se rescate la esperanza de que “haciendo las cosas bien es posible que México se transforme”.
“Diré una vez más que las cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. Vamos, desde donde estemos, a reclamar la observancia de la ley y comportamiento ético con los recursos públicos. Y ojalá en el futuro invoquemos como ejemplo de éxito no a Noruega, no a Estados Unidos, invoquemos de lo que es México capaz para hacer su propio ejemplo”, apuntó.
En tanto, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) señaló que las reformas energéticas determinarán en qué medida México será parte de la futura seguridad energética de Estados Unidos. Refirió que un informe elaborado por el Senado estadounidense, revela la importancia que nuestros recursos energéticos representan para la llamada “Seguridad Energética de los Estados Unidos y, en consecuencia, lo urgente que le resultaba a aquella nación esta reforma”.
Mencionó que la política de seguridad energética en Washington, según el informe, “requiere una evaluación constante de la industria petrolera mexicana; si México no reforma su situación interna de producción de energía los Estados Unidos no pueden basarse en los niveles actuales de las importaciones”.
Consideró que todo lo que se hace es porque, según el informe, “se necesita que México limpie de deuda a Pemex y a CFE para podernos apropiar de sus recursos de manera libre y constituya la seguridad energética de Estados Unidos”. El legislador afirmó que “en el 2012 Estados Unidos diseñó esta reforma y ustedes sin reflexión, sin ninguna meditación, con una actitud entreguista, han hecho esta reforma”.
El diputado Ricardo Cantú Garza (PT) señaló que la estructura fiscal que se le da a las empresas productivas del Estado dista mucho del trato que se da a las privadas. Explicó que a las públicas se les carga por un lado derechos de utilidad compartida del 68 por ciento, derecho a la extracción, a la explotación, el Impuesto Sobre la Renta y otros derechos y aprovechamientos.
Mientras, a las empresas contratistas, agregó, se les dará un trato preferencial, ya que sólo se considera la cuota contractual para la fase de exploración, las regalías por un monto de 7.5 por ciento creciente, y cuando el precio del barril se estime en 100 dólares, las empresas sólo pagarán 14 por ciento de regalías.
Enfatizó que es evidente que la renta petrolera sí se transfiere a las empresas privadas transnacionales. “Este es un golpe muy serio a la soberanía nacional y a la propiedad de los hidrocarburos, patrimonio del pueblo mexicano. Es decir, aquí es donde se esconde que la renta petrolera se va para las empresas extranjeras”. También, dijo, es un golpe a los estados y municipios en sus finanzas públicas y su derecho a la protección ambiental y la autodeterminación al desarrollo sustentable, tanto económica como ambientalmente.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza) mencionó que con la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se regulan los ingresos que el Estado habrá de recibir derivado de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, tales como, la cuota de contratos para la fase exploratoria, las regalías, el bono a la firma de contrato y un porcentaje de la utilidad operativa.
Indicó que se establecen las atribuciones de la Secretaría de Hacienda para lograr las condiciones económicas y fiscales en licitaciones y contratos; se simplifica el régimen fiscal de las asignaciones para que las empresas productivas del Estado, como Pemex, tengan una rentabilidad más justa; sin embargo, aclaró que “falta contener salvaguardas para que la renta petrolera se distribuya de forma racional, justa y controlada entre el Estado y las empresas petroleras”.
Se fortalecen, dijo, las atribuciones del Fondo Mexicano del Petróleo en la administración y supervisión de los contratos y asignaciones en estrecha coordinación con la Secretaría de Hacienda, por lo que la política de inversiones de los recursos deben de contar con estrictas medidas de control, especialmente en el manejo de derivados financieros.
Durante la discusión, la diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD) resaltó que este dictamen es insultante, ya que parte de una base de inconstitucionalidad. Agregó que el fondo “está hecho para pagar las regalías a las empresas que vendrán a invertir; nadie nos garantiza cómo se evaluaran los costos de los contratistas, y estamos presenciando los funerales de Pemex y CFE, con este modelo que busca entregar la renta petrolera”.
Rubén Benjamín Félix Hays, diputado de Nueva Alianza, expresó que estas leyes reglamentarias permitirán a Pemex y a CFE ser empresas más eficientes y generar mayor valor económico a la nación. Destacó que el Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía permitirá impulsar la ciencia y la tecnología con énfasis en el sector de hidrocarburos y en las energías renovables.
El diputado Jaime Bonilla Valdez (PT) rechazó este dictamen, ya que entrega la renta petrolera a compañías transnacionales; plantea una estructura fiscal para las empresas productivas del Estado “muy lejana a la que se les ofrece a las transnacionales”, y no impulsa el bienestar para la población, “es mentira que se van a generar empleos privatizando la industria petrolera”.
A su vez, el legislador Federico José González Luna Bueno (PVEM) precisó que el nuevo régimen fiscal y de gasto de los ingresos petroleros garantiza el manejo transparente y eficiente de los mismos a favor de los mexicanos, además cuida “los ingresos petroleros para que contribuyan en mayor medida al fortalecimiento de las finanzas nacionales”.
Por el PRD, el diputado Julio César Moreno Rivera manifestó que esta legislatura será recordada por la historia como la que llevó al traste a la expropiación petrolera de 1934. Planteó investigar y rendir un informe donde expertos revisen a fondo el sistema de pensiones en el cual se transparenten los pasivos en su conjunto y se establezca una viabilidad para los regímenes pensionarios de los trabajadores de las paraestatales.
Javier Treviño Cantú, diputado del PRI, indicó que hoy se define el nuevo marco de ingresos y egresos, esquemas de certeza jurídica para la inversión y un Fondo Mexicano del Petróleo que operará con total transparencia y mecanismos de rendición de cuentas. “Estamos incorporando las mejores prácticas nacionales e internacionales al nuevo modelo mexicano de viabilidad energética. Los cambios en parámetros y estructura implican una menor carga fiscal para Pemex”.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) manifestó que su voto sería en contra, ya que no hay una prospectiva razonable de los ingresos públicos, además que existe una vía libre a la corrupción porque regalías, costos y circunstancias que envuelven estos contratos, se van a revisar uno a uno con la tutela de la Secretaría de Hacienda. Agregó que el Fondo Mexicano del Petróleo, servirá para cubrir la ineficacia recaudatoria de la SHCP.
La diputada Margarita Licea González (PAN) dijo que la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos será una columna vertebral en materia fiscal, toda vez que establece los lineamientos para garantizar que las figuras contractuales formen parte de un régimen fiscal adecuado; por otro lado, con la renta petrolera y su producción, tendrá un control efectivo para combatir la corrupción y el desvío de recursos que lamentablemente han prevalecido en la paraestatal, lo cual permitirá fortalecer al desarrollo social y competitivo de México.
Por su parte, el diputado José Luis Muñoz Soria (PRD) mencionó que su voto sería en contra, porque con esta reforma los estados y municipios recibirán menos recursos para el desarrollo social. Resaltó que quienes “aprueban estas normas sepultan la obra de Lázaro Cárdenas y traicionan a la Patria, además que son los que han llevado a este país a la miseria y el hambre, y los que han estado mamando del presupuesto para enriquecerse”.
Se pronunció a favor la diputada Elsa Patricia Araujo de la Torre (PRI), pues esta reforma permitirá la transformación del modelo energético. Subrayó que estas normas proyectan el espíritu de la Constitución, ya que buscan establecer el régimen de los ingresos que recibirá el Estado derivado de la exploración y extracción de hidrocarburos que se realicen, y con ello fomentar el desarrollo económico del país.
La diputada Amalia Dolores García Medina (PRD) añadió que la reforma está enfocada en el bienestar de los Estados Unidos, pues este país concibe a México como la región que puede garantizar su estabilidad energética; por otra parte, afirmó que con esta ley se disminuirán los recursos de los estados y municipios porque se destinarán ingresos para el pago a pasivos labores, por lo tanto no hay tal crecimiento del patrimonio de la nación.