El miércoles 22 de mayo, en las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la senadora Iris Vianey Mendoza se entrevistó con el titular de la Semarnat ,Juan José Guerra Abud.
Esta audiencia, promovida por el Movimiento Morelense contra las Concesiones Mineras, tuvo como objetivo presentarle al funcionario federal los argumentos técnicos que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) debe retomar para no avalar manifestación de Impacto Ambiental, presentada por la empresa minera Esperanza Silver.
La doctora Andrea Bolognaro, especialista en temas de agua, presentó en dicha reunión un estudio detallado y profundo, con los datos oficiales existentes, sobre las cuencas de agua de Morelos y en específico de las áreas donde han sido otorgadas las concesiones a la empresa canadiense Esperanza Silver.
“Con ello se demostrará la incapacidad, la insuficiencia de recursos hídricos para dar abasto a la población de Morelos y sus actividades económicas ya establecidas y a la par poder cubrir los enormes requerimientos de la industria minera a cielo abierto, ello sin contar la irreversible contaminación que generará en ríos y subterráneos por el usos de químicos altamente tóxicos en sus procesos de lixiviación.”
Asimismo, Óscar Polhe especialista en geología entregó a Guerra Abud una evaluación sobre los riesgos de contaminación en suelos y mantos subterráneos.
También asistieron acompañando a la senadora Mendoza Mendoza representantes de las comunidades de Miacatlán, Coatetelco, Alpuyeca, El Rodeo, Mazatepec y la comunidad directamente afectada por la primera concesión, el pueblo indígena de Tetlama quienes entregaron al Secretario sus testimonios sobre la irrupción de Esperanza Silver en sus comunidades y la ruptura del tejido social con la corrupción de autoridades ejidales y comunales, además mencionaron que próximamente denunciarán el papel del presidente Municipal de Temixco, Miguel Ángel Colín por su abierta complicidad con la empresa.
Los daños ambientales de la minera serán irreversibles para sus comunidades y para la salud pública de sus habitantes.
La senadora perredista Iris Mendoza solicitó formalmente al Secretario que la DGIRA aplique administrativamente el control de constitucionalidad para fijar su criterio sobre la Manifestación de Impacto Ambiental de Esperanza Silver no sólo en base a la ley minera, sino retomando las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y el espíritu del artículo 27 constitucional, dado que no pueden prevalecer el interés meramente económico sobre los derechos de los pueblos y comunidades a un medio ambiente sano, al acceso al agua en términos preferentes y al respeto a las comunidades indígenas como Tetlama y Cuentepec.